Alfredo Piñera Guevara .- Me cuesta trabajo creer que el auditor electo por los diputados del Congreso del Estado se haya metido por sí mismo en el berenjenal en el que se encuentra y resulta muy extraña su obcecada posición de ostentarse como titular del organismo dependiente del Congreso del Estado a pesar de que se le ha advertido con suficiencia que no cumple con os requisitos legales para detentar ese cargo.
Quienes intencionalmente lo asesoran mal no están midiendo el daño que le pueden ocasionar, pues además de perder el cargo de auditor del estado, está en riesgo de perder también su cargo como contralor de la UACh, como catedrático de la UACh y, peor aún, su libertad.
Ignacio Rodríguez Bejarano reconoció que algunos abogados de su confianza le han asegurado que su designación como auditor superior está en firme y que nadie, excepto el pleno del Congreso del Estado, puede destituirlo antes de siete años. Lo que quizá no le han advertido es que el mismo decreto mediante el cual lo designaron como auditor, en su artículo transitorio único establece que sólo entrará en vigor a partir de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado y como eso no ha sucedido, cualquier acto que realice con el carácter de auditor podrá colocarlo en la comisión del delito de usurpación de funciones, que se castiga con cárcel e inhabilitación para trabajar como servidor público.
Me parece absurdo pues que esté actuando solo, sin consejería jurídica y política de alguien, pues el asunto en que está metido es más delicado de lo que parece. Primero, será muy complicado para él explicar por qué no advirtió a la autoridad con claridad que había sido postulado como suplente a una candidatura plurinominal del PAN durante la elección pasada, ni les informó que actualmente pertenece al Consejo Estatal del PAN y la Comisión de Vigilancia de dicho órgano de gobierno y dirección del partido.
Pienso que si hubiera querido realizar los trámites bien, habría preguntado a la dirección estatal de su partido si su pertenencia al Consejo Estatal y su participación en la Comisión de Vigilancia del mismo tienen carácter de cargo directivo, pues desde ese momento entendería que no era elegible para el cargo al que deseaba postularse. En lugar de asegurarse primero de que cumplía a cabalidad con los requisitos de ley y convocatoria, Rodríguez Bejarano guardó silencio y contendió por el nombramiento de auditor, dejando la espada de Damocles sobre su cabeza.
Más allá de un error o una inocente omisión, al enterarse de que la autoridad electoral rectificó y lo acreditó como candidato a un puesto de elección popular en los pasados comicios, Rodríguez Bejarano pudo renunciar a una designación que la ley de auditoría del estado y la convocatoria establecen que debe ser ocupada por una persona sin sus antecedentes. En estos asuntos de ley no se vale el “yo no sabía”, “yo creí” o “el ya ni modo, ya se equivocaron”.
Pero, más allá de la resolución jurídica que se le dé a la validez de su nombramiento, lo que Ignacio Rodríguez no está tomando en cuenta es el daño que está ocasionando a su partido. A la institución que le ha dado espacios de participación política y que lo tiene integrado en sus órganos de gobierno, por su credibilidad y su liderazgo, virtudes que está arrojando por la borda sólo por obsesión de ser titular de la Auditoría Superior del Estado.
Quizá deba reflexionar que lo importante en la participación ciudadana en el PAN es que los objetivos superiores, los que están por encima de los intereses personales o grupales, deben ser privilegiados y protegidos; generar la confianza en los ciudadanos para elegir como mejor opción de gobierno a los candidatos y los liderazgos del PAN y no dar lugar a pensar que lo único que nos motiva a los panistas es la ambición del poder y cada vez más un poco de dinero.
Aún creo que puede enmendar.
