Desde la noche del domingo Morena y la oposición agrupada en el PRI y PAN iniciaron una guerra de narrativas en la que unos presumieron el éxito de la reforma al Poder Judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador con la ejecución de la jornada electoral y otros exigieron reconocer su fracaso ante la baja votación obtenida.
La estrategia de la oposición, —me dicen en las cúpulas del PRI y el PAN— siempre fue desvirtuar el resultado de la elección de personas juzgadoras, la primera que se hace en la historia de México, ir al boicot a fin de inhibir el ánimo de los ciudadanos para salir a votar y exacerbar la confusión.
Y desde el morenismo se optó por recurrir a sus bases, a su voto duro, a sus leales y lo lograron. Movilizaron a 13 millones de electores que ejercieron su voto, incluidos los que anularon su boleta, y aunque la participación fuera apenas de poco más del 10% de la Lista Nominal de Electores al final se legitimó la reforma al Poder Judicial.
Daños colaterales
La presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente desmontó los señalamientos de priistas y panistas al evidenciar que la votación total de la elección judicial es superior a los votos que recibieron en la contienda electoral de hace un año en la que fueron electoralmente aniquilados por el morenismo.
Y sí, ganó la reforma de AMLO porque —más allá de las irregularidades detectadas y expuestas durante la jornada electoral— el Instituto Nacional Electoral (INE) se desplegó a lo largo de todo el país, instaló mesas receptoras del voto, hubo funcionarios de casillas, fue gente a votar, se recibieron los votos y se contaron.
Los líderes priistas y panistas hoy defienden a ultranza una narrativa en la que les preocupa más la cantidad de votos —incluso superior a la que recibieron por separado en las elecciones presidenciales de 2024– que la legitimidad que obtuvo la reforma al Poder Judicial.
Están más interesados en señalar la baja participación que por la victoria que obtuvieron con votos de personas de carne y hueso, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoyaron esta reforma al Poder Judicial: Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
La oposición no entiende que no entiende que es la oposición. En su desesperación envió a sus cuadros a votar por candidatos a jueces, magistrados y ministros que fueran “más independientes” bajo el argumento de que se debía salir a votar por quienes pudieran ser contrapeso del oficialismo y fueron a votar.
Y con ello también legitimaron una elección enmarcada en una reforma legal polémica.
Hay que ver con seriedad los argumentos del panista Ricardo Anaya y del priísta Alejandro Moreno Cárdenas, porque con sus dichos evidencian que la reforma al Poder Judicial que empujó Andrés Manuel López Obrador simplemente ganó.
RADAR
ACUÉRDATE DE ACAPULCO Desde tierras guerrerenses nos hacen ver que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, está metida en un problemón por la no comprobación de mil 600 millones de pesos que le demanda la Auditoría Superior de aquella entidad. Incluso, me dicen, ya hay una denuncia.
La morenista argumenta que se trata de fondos que son de origen federal y la Auditoría local no tiene facultades para auditarlos, pero eso no es tan cierto, pues me hacen notar que hay un convenio vigente entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Guerrero.
Al final, hay 898 millones de pesos de presupuesto federal que están siendo observados por la Auditoría Superior de Guerrero y que tienen que ver con obra pública. En el Congreso local advierten que no se ha visto ni una banqueta de esas obras reportadas.
