Alfredo Piñera Guevara.- El asunto de fondo en el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no es la simple lucha por un espacio más de poder, ni el predominio de determinado grupo partidista sobre otro; el asunto en el fondo tiene que ver con el combate frontal a la corrupción, la impunidad y el finiquito de las componendas entre intereses de particulares que trascienden a los partidos políticos.
No es difícil de comprender la relevancia que guarda la titularidad de la dependencia auditora del Congreso del Estado, pues en ella se revisan y analizan todos los archivos contables que, en caso de desvío de recursos públicos, pueden ser pruebas documentales contundentes para sancionar la corrupción.
En poco tiempo, la ASE iniciará la fiscalización de las cuentas estatales del último periodo de gobierno del ahora prófugo de la justicia César Duarte Jáquez, a quien se acusa de enriquecerse con recursos públicos, así como desviar dinero público a particulares y su partido político.
Se trata de revisar el famoso “Año de Hidalgo” y un proceso electoral en el que, indudablemente, se financiaron campañas electorales del PRI con recursos públicos. También habrán de revisarse las cuentas del último año de gobierno de 67 alcaldes y de diversos organismos e instituciones que evidentemente fueron desfalcadas por una generación de políticos cínicos y corruptos que estuvieron en el poder durante el pasado sexenio.
Más al fondo, como resultado de la revisión de las cuentas públicas los chihuahuenses esperamos conocer todos los trinquetes y movimientos que realizaron para sustraer los recursos financieros y los que propiciaron el endeudamiento del estado; conocer a los actores responsables de ello y el destino final que tuvo el dinero obtenidos mediante el abuso de este instrumento financiero. En pocas palabras, la transparencia total del manejo financiero del estado de Chihuahua, las alcaldías y los demás entes que recibieron dinero durante los últimos meses del mandato de Duarte.
Los chihuahuenses queremos saber cómo fue que se aprobaron las cuentas públicas de Duarte. Dado el altísimo nivel de corrupción, cómo pasó por alto el enorme desfalco y hurto registrado durante el pasado sexenio. Queremos saber si hubo “tapaderas”, colusión, complicidad u omisión, y además entre quiénes.
Por otra parte, no debemos soslayar que, mientras se define quién será el auditor, el plazo para realizar la fiscalización del último periodo de Duarte se agota y sería terrible que la fiscalización de las cuentas del 2016 se hiciera al vapor, de forma superficial y en las rodillas.
De cara al futuro inmediato, la Auditoría Superior del Estado jugará un papel preponderante en el proceso electoral del 2018, pues los alcaldes y servidores públicos de los entes de Gobierno estarán bajo el permanente escrutinio de los auditores, una especie de espada de Damocles. No olvidemos además que en el 2018 estará en juego la posible reelección de alcaldes y diputados y que pueden ser un soporte político inigualable para quienes tengan aspiraciones a reelegirse.
Todo ello está en juego. Por eso es de trascendental importancia que el titular de la Auditoría Superior del Estado sea una persona con un perfil incuestionable, que no exista la mínima duda sobre su integridad, su verticalidad y su capacidad. Debe ser un profesional con probada experiencia en el ámbito de la fiscalización y que más allá de los intereses políticos, partidistas o de cualquier otro tipo, esté dispuesto a cumplir su labor sin ataduras y sin compromisos políticos de ninguna especie.
Finalmente, es ineluctable que este proceso de elección de auditor deberá estar vinculado al arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, que en Chihuahua está a punto de suceder.
