Por primera vez en la historia del municipio de Chihuahua, el Órgano Interno de Control de Chihuahua (OIC) puso en marcha el procedimiento de verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos, una medida que busca garantizar que el crecimiento de sus bienes corresponda de manera congruente con sus ingresos declarados. Al ser esta la primera vez que se realiza una revisión como esta, seleccionaron a 30 funcionarios públicos para llevar a cabo este procedimiento.
La directora del OIC, Carmen Jazmín Hidalgo Posada, explicó que este proceso había sido contemplado en la legislación, pero hasta ahora no se había aplicado en el municipio, no obstante, en julio pasado, el cabildo aprobó los lineamientos que define con claridad cómo debe llevarse a cabo la verificación, brindando certeza jurídica y un marco transparente para el ejercicio.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo principal de este proceso es prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito o de ocultamiento de bienes, conductas que en caso de confirmarse derivan en responsabilidades penales o administrativas. Mientras que el enriquecimiento ilícito se persigue ante la Fiscalía Anticorrupción, el ocultamiento de riqueza corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
En el año 2022 la ciudad de Chihuahua alcanzo un 99.2% de cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, escalando anualmente de manera positiva. En el 2023 llegaron a presentar esta obligación al 99.8% y en el 2024 fueron 99.9%, lo que significa que, de más de 6 mil empleados en todo el municipio, solo ocho personas quedaron incumpliendo, de las cuales, en su mayoría se encontraban en alguna situación jurídica que no les permitió presentar sus declaraciones.
De esta manera, Hidalgo indicó que para seguir dando resultados en materia de transparencia, el OIC decidió llevar a cabo esta nueva iniciativa a la que llama “Procedimiento de Verificación de la Evolución Patrimonial”, para garantizar que ninguno de los funcionarios dentro de la actual administración está cometiendo enriquecimiento ilícito u otro acto de corrupción.
El proceso, dijo, comenzó formalmente esta semana con la selección aleatoria de 30 funcionarios del Gobierno Municipal que serán revisados. Esta etapa tuvo la participación de testigos de 19 dependencias de la administración, quienes presenciaron el sorteo para garantizar que no existiera manipulación en la elección de los servidores públicos.
La directora Carmen Hidalgo Posada detalló que la nomina del municipio esta conformada por alrededor de 6 mil 300 empleados, de los cuales, solo entraron a la elección de 5 mil 979, debido a que estos funcionarios tienen dos o más declaraciones patrimoniales presentadas.
La revisión se dividió en tres grupos: funcionarios que están incluidos en el alcalde del ISO 37001 —certificación internacional antisoborno—, personal operativo sin jerarquía y personas con mandos con cargos jerárquicos. El primer grupo estuvo conformado por 54 funcionarios de áreas como Oficialía Mayor, Tesorería y el propio OIC, de los cuales, fueron seleccionados 10 servidores, demostrando el compromiso de que incluso el órgano fiscalizador se someta al escrutinio.
En el caso del personal operativo, que constituye la mayoría de la plantilla con un total de 5 mil 925, fueron elegidos 18 trabajadores, en su mayoría adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, dependencia que concentra a casi dos mil empleados. Mientras que el tercer grupo corresponde a 575 personas con cargos jerárquico, desde directores, coordinadores y el propio alcalde, fueron elegidos solos dos subdirectores que deberán acreditar la congruencia de su patrimonio.
El procedimiento contempla varias etapas, siendo la primera la selección aleatoria; la segunda consiste en el análisis preliminar de todas las declaraciones patrimoniales presentadas por el funcionario a lo largo de su trayectoria. Esta revisión permite identificar anomalías clasificadas como irregularidades, discrepancias u omisiones.
Hidalgo explicó que las irregularidades corresponden a errores de forma, como la omisión involuntaria de información o equivocaciones al capturar datos; las discrepancias, en cambio, se refieren a incongruencias entre los ingresos y los bienes adquiridos, lo que podría derivar en presunción de enriquecimiento ilícito. Finalmente, las omisiones corresponden a la ausencia de información relevante, como propiedades, cuentas bancarias o bienes de dependientes económicos, lo cual se considera una falta administrativa grave.
En caso de detectarse anomalías, los funcionarios cuentan con la oportunidad de presentar documentos, aclaraciones y pruebas que justifiquen la información omitida o corregida. En caso de que logren solventarlas, se les emitirá una certificación de cumplimiento, de lo contrario, se procede a la denuncia ante las autoridades competentes.
La titular del OIC subrayó que este procedimiento es garante de derechos humanos, ya que respeta la defensa y el derecho de audiencia de cada servidor público, ya que, la intención no es sancionar de manera inmediata, sino dar oportunidad de aclarar cualquier diferencia y asegurar que la información patrimonial coincida con la realidad.
Asimismo, puntualizó que el proceso no tiene un plazo fijo, pues depende de la magnitud de la información y de las anomalías detectadas. Algunos casos podrían resolverse en semanas, mientras que otros podrían prolongarse hasta varios meses si se requiere de documentos adicionales o audiencias formales.
Para este primer ejercicio se estableció un universo limitado de 30 funcionarios debido a que el área que está encargada del proceso cuenta apenas con cuatro personas responsables de realizar la revisión, dos en el departamento de declaraciones patrimoniales y dos en el de políticas anticorrupción. Por lo que, la intención de está primera edición es medir la capacidad operativa y, en caso de ser viable, ampliar el número de revisión en futuros ejercicios.
Implementar este mecanismo coloca al municipio de Chihuahua como pionero en la materia, al pasar de un cumplimiento formal en la presentación de declaraciones patrimoniales a un proceso real de verificación, con el fin de inhibir actos de corrupción, reforzando la confianza ciudadana y mantener al municipio entre los primeros lugares en transparencia a nivel nacional.
Para concluir, la titular del OIC reconoció que se trata de un esfuerzo histórico y subrayó que el compromiso de la administración municipal es consolidar un gobierno honesto y transparente, en el que las declaraciones patrimoniales no sean solo un trámite burocrático, sino una herramienta efectiva de rendición de cuentas.
