El asesinato del colega Javier Valdez Cárdenas, especialista en temas de narcotráfico, aceleró el debate sobre las garantías para ejercer el periodismo y la libertad de expresión en nuestro país, presente durante la última década sin avances o retrocesos.
Desde Buendía ningún presidente había convocado a reunión urgente por la muerte de un periodista. Lo hizo Peña Nieto el miércoles pasado, congregando en Los Pinos a los miembros de su gabinete y a los gobernadores.
Los resultados son decepcionantes, entran en la categoría de la demagogia institucional. Propusieron una Fiscalía Especializada, reforzar los mecanismos de protección, conformación de mapas estatales de riesgo y agresión. Lo de siempre, sólo faltó el “investigaremos hasta sus últimas consecuencias; el crimen no quedará impune, caiga quien caiga”.
El posicionamiento en es una vergüenza, una burla para el gremio periodístico, el señor presidente y los gobernadores se hubiesen ahorrado el tiempo. Ellos, como toda la sociedad, saben que la única medida efectiva contra los asesinatos de periodistas, es llevar a los culpables ante la justicia.
Cuando Caro Quintero y Don Neto torturaron y asesinaron al agente de la DEA, Enrique Camarena, la reacción fue contundente. Presionado por la Casa Blanca, el gobierno de México movilizó al aparato de Seguridad y Justicia para detener y encarcelar a los responsables y dar una ejemplar lección a su jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, el único “jefe de jefes” que ha existido en la historia criminal del país.
Caro Quintero se hizo viejo en las cárceles de máxima seguridad y a pesar de salir por los recursos legales está siendo buscado, la DAE quiere verlo muerto en prisión; Don Neto está libre por razones humanitarias, tiene una enfermedad terminal; Félix Gallardo perdió su imperio y sigue detenido.
Por más violentos e irracionales que sean los nuevos varones del crimen en el país, desde entonces ninguno ha osado atentar contra otro agente de la DEA o miembro de las fuerzas federales de Estados Unidos que actúan en territorio nacional. Saben a lo que se atienen.
Mientras prevalezca la impunidad, cualquier otra medida será discurso hueco, concebidos para amortiguar el desgaste social que sufre la imagen de los gobernantes con tales asesinatos. A lo más control de daños en lo que llega otra crisis y la sociedad olvida.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales contaron 36 periodistas muertos, por causa de su profesión, en el gobierno de Peña Nieto, siete en los primeros cinco meses del presente año. En ningún caso, subrayo, en ningún caso los responsables han sido llevados a juicio. La impunidad es total.
La Federación Internacional de Periodistas ubicó a México como el tercer país donde más periodistas asesinaron en el mundo, durante el 2016, sólo por debajo de Irak y Afganistan. Los tres con estadísticas crecientes.
En México la sospecha es que muchas de éstas muertes tienen que ver con las organizaciones criminales, especialmente en estados donde los carteles de la droga disputan las rutas de trasiego, como Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Tijuana y Chihuahua.
En estas entidades los periodistas quedan expuestos a la fuerza de los líderes del mal y sus sicarios, como no sucede en la Ciudad de México, Querétaro, Yucatán, Puebla, Hidalgo, por citar contraejemplo.
En éstos territorios, donde se libra la guerra, el mal actúa de la única manera que conocen; ordenando la muerte de quienes obstaculizan sus negocios, sean periodistas, abogados, policías, derechohumanistas. No distinguen, el plata o plomo es su ley.
Chihuahua tiene una larga historia de muerte. No hay registro oficial, sin embargo los medios han documentado más de veinte: José Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata, Enrique Perea Quintanilla, Gerardo Guevara Domínguez, Saúl Noé Martínez, Candelario Pérez Rodríguez, José Armando Rodríguez Carreón, David García Monroy, Ernesto Montañez Valdivia, Norberto Miranda Madrid, Jaime Omar Gándara, Isabel Cordero Martínez, Guillermo Alcaraz Trejo, Luis Carlos Santiago, Hugo César Murato Flores, Héctor Javier Salinas –amigo querido- Francisco Javier Moya Muñoz. En el presente sexenio van dos, Adrián Rodríguez y Miroslava Breach.
Sus muertes describen un estado de indefensión y vulnerabilidad, en cuanto alguien con poder decide matar, va por su objetivo y lo mata con la facilidad de quién compra un par de botas en la plaza Merino. Cualquier periodista en Chihuahua es blanco, incluso sin que su trabajo tenga que ver con actividades del narcotráfico. Les da gana y asesinan para enviar mensajes o desestabilizar la plaza. Ninguno estamos a salvo.
En este clima de peligro latente queda inscrita la campaña de ataque sostenido y sistemático, emprendida por el señor gobernador Javier Corral contra los periodistas, así en abstracto periodistas en plural, a quienes califica de corruptos y vendidos al gobierno de César Duarte, única razón por la cual “nos pegan hagamos lo que hagamos”.
Convencido de que todos somos corruptos y cómplices de Duarte, evita la molestia de aceptar al menos una mínima posibilidad de crítica formulada por razones de interés informativo, en desacuerdo con su disperso modo de gobernar. No, todo desacuerdo con acciones de su gobierno es por los “corruptos vendidos”.
Quiero ser cuidadoso en este punto, pero decir con toda claridad que Javier Corral Jurado, con su violencia verbal contra el gremio, contribuye a esa vulnerabilidad. Si se percata o no, consciente o inconsciente, el señor aumenta el riesgo de muerte en que trabajan los comunicadores chihuahuenses.
Su conducta, por irresponsable y violenta, es merecedora de una condena general, necesita ser desautorizada por el gremio y la sociedad. Bastante tenemos para que el señor introduzca elementos que contribuyen a la frágil seguridad para ejercer el oficio.
Llamo al gobernador Corral para que abandone su discurso rijoso y violento contra el periodismo; lo conmino a que prevalezca en su discurso la cordura. Si tiene asuntos personales contra un medio o un periodista en lo particular, discútanlo y trátenlo en privado y si considera que es indigno de tomarlo en cuenta, ignórelo; si tiene acusaciones de corrupción contra uno, varios o todos los medios, presente una demanda legal y haga uso de toda la fuerza del Estado para llevarlos a la justicia, en ese caso ignorarlos sería complicidad.
Es más, si tiene agravios del pasado que vengar, así sean sólo por razones personales, movilice los recurso legales y metalegales a su alcance para vengarlos. Los periodistas sabrán defenderse, la relación prensa-poder ha sido conflictiva en todo momento y cualquier mandatario.
Pero abandone, señor gobernador, su discurso facilón e irresponsable de que todos los periodistas somos corruptos y por eso lo atacamos. Asúmase como líder de la entidad actúa para garantizar la protección de todos los ciudadanos, sus personas y bienes, primer responsabilidad del Estado.
Su ejemplo lo siguen otros, al escucharlo reiteradamente les parece fácil reproducir sus mismas acusaciones. Uno de sus dependientes directos, José Pablo Mendoza, los pone por escrito y la Oficina de Comunicación Social los publicita, acusando y desmintiendo con la mayor ligereza información oficial, sólo por que usted descalifica el trabajo periodístico.
El de Mendoza es un ejemplo menor, se toma de quién viene, un empleado de cuarta. No obstante su jefe de gabinete, Gustavo Madero, utilizó hace poco los mismos argumentos para desviar la atención sobre un posible trafico de influencias.
Hay fundadas sospechas de que Madero aprovechó su cargo para obtener ganancias económicas vendiendo a la Secretaría de Hacienda un software de una empresa propiedad de su familia, disfrazada en prestanombres. Frente a un pizarrón de acrílico descalificó la información de la misma manera, son corruptos que nos pegan por que no les damos dinero.
Su gobierno se mueve sobre una línea peligrosa, colocando en pecho y espalda de cada comunicador una diana que invita al ataque impune. Apoyados en ese campaña, el día de mañana alguien de mente alterada podría desplegar en redes sociales su propia versión: “si quieres al gobierno del Nuevo Amanecer, mata a un periodista corrupto”.
Cuidado, señor gobernador, usted tiene la responsabilidad de proteger el ejercicio de la libertad de expresión y a los profesionales del medio. No contribuya a incrementar el riesgo en el que ya estamos, condúzcase como el gobernador que es, tome conciencia de la importancia de su cargo y las consecuencias de sus actos
