Sin control alguno pese a la prohibición, los vapeadores siguen siendo vendidos en redes sociales sin restricción alguna.
A 10 meses de que fue aprobada la prohibición del uso de vapeadores, tal parece que la medida ha disparado tanto las ventas como el consumo, como demuestra el número de grupos de venta que existen en redes sociales.
Además, no existe claridad en la forma de aplicar la legislación aprobada, pues las dependencias estatales no actúan al respecto al tratarse de un delito de índole federal.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), toda actividad relacionada con los vapeadores está prohibida según el artículo 4º de la Constitución Federal; sin embargo, en el marco legal del Estado no instruyen su investigación ni persecución.
“Los vapeadores que mezclan aceite de mariguana, conocidos como Wax, arrojan una composición de tetracannabinol y esa sustancia es facultad de la Fiscalía General de la República (FGR)”, precisó la autoridad estatal.
Añadió que los narcóticos sobre los que tiene facultad el Estado, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), está limitada a los establecidos en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal, conforme al artículo 479 de la Ley General de Salud.
Hasta el momento no han recibido detenidos ni denuncias por este delito. “No hay denuncias”, confirmó la dependencia, que reconoció la existencia de una laguna legal en la materia.
Aunque constitucionalmente está prohibida la comercialización, no existe un marco penal que regule o sancione la venta de vapeadores, lo que deja fuera de competencia a las fiscalías estatales y municipales. En la práctica, esto ha permitido que el mercado crezca sin control.
En redes sociales pueden localizarse múltiples grupos dedicados a la venta de vapeadores y líquidos saborizados. En Facebook, páginas como ‘Vapes CCU’ y ‘Chihuahua Vapers’ agrupan a miles de miembros que ofrecen dispositivos, cartuchos y accesorios con entregas personales o a domicilio. En Instagram y Tiktok proliferan cuentas que promocionan productos con sabores frutales y empaques coloridos, sin restricción de edad ni supervisión sanitaria.
El caso más reciente que expuso el alcance de esta situación fue en el Conalep Chihuahua II, donde un alumno distribuyó vapeadores a sus compañeros de manera ilegal. Aunque el hecho derivó en la atención médica de uno de ellos, no hubo denuncia formal debido a que no existe tipificación clara para este tipo de conductas.
Autoridades sanitarias y educativas han reconocido que este fenómeno ha crecido entre los adolescentes, quienes acceden fácilmente a los dispositivos a través de redes sociales. Mientras tanto, las dependencias estatales carecen de facultades para intervenir, y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene su postura de no investigar ni perseguir estos casos al no estar contemplados en la legislación penal local.
