California se ha convertido en la antítesis de la política de la administración del presidente Trump. Si el gobierno de Estados Unidos intenta desmantelar la reforma de salud, California lanza una iniciativa de salud universal; Trump retira al país del Acuerdo de París y California firma un acuerdo de protección ambiental con China.
Pero es en el tema de migración en el que California despliega una andanada de iniciativas para detener y proteger abiertamente a la comunidad indocumentada, calculada en cerca de tres millones de personas, más de la mitad de ellos mexicanos.
El presidente del Senado estatal, Kevin de León, dice que se trata de “defender los valores de California” y de aplicar justicia social.
Tras la elección de noviembre, cuando Trump resultó electo, California mantuvo una “supermayoría demócrata” en los puestos de gobernador, vicegobernador, en cada secretaría o departamento, y en los demás cargos de elección.
Los demócratas también son mayoría en el Senado (27 de 40 escaños) y en la Cámara baja (55 de 80), donde cuentan con suficientes votos para aprobar presupuestos e iniciativas prácticamente sin necesitar votos republicanos.
Varios hijos de inmigrantes mexicanos están a cargo de detener en California la implementación de las políticas de Trump, entre ellos el procurador general Xavier Becerra, de León, el senador Ricardo Lara, el presidente de la bancada latina, Ben Hueso, mientras que el presidente de la asamblea, Anthony Rendón, es nieto de mexicanos.
De León sostiene que la política de Trump se basa en “el miedo de los estadunidenses de raza blanca de dejar de ser la mayoría”, lo que ya sucedió en California desde la década pasada.
Opina que por esa razón la administración se basa en criminalizar a la comunidad inmigrante y, en segundo lugar, a los pobres en política interior, mientras que busca ventajas corporativas en la exterior.
La cruzada de defensa de los valores de California inició luego del triunfo de Trump y antes de que asumiera la Presidencia, el 20 de enero.
Dos semanas antes que Trump llegara a la Casa Blanca, la legislatura de California lanzó un paquete de leyes para proteger a los inmigrantes, especialmente a los latinos y a los musulmanes, su blanco en la campaña electoral.
El paquete de leyes ofreció protección ante discriminación laboral por condición migratoria o creencias religiosas; también protección si patrones o empleados fallan en informar a autoridades la situación migratoria de los trabajadores, impide que se creen antecedentes a inmigrantes cuando se involucran en accidentes.
Otra propuesta dice que en la frontera de California sólo se construirá un muro que cueste más de mil millones de dólares a condición de que primero lo apruebe el electorado estatal en comicios regulares.
Avanza también una propuesta que impondrá multas a los patrones o gerentes que permitan que las autoridades de migración hagan redadas sin contar con una orden de cateo firmada por un juez.
Esa iniciativa ayudaría a California a prevenir deportaciones masivas cuando Trump cumpla su promesa de contratar 15 mil nuevos oficiales de migración, diez mil de ellos para la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargada de las redadas.
Otra iniciativa busca financiar asesoría legal y en algunos casos defensa legal de migrantes detenidos y en proceso de deportación.
De León lanzó una iniciativa llamada el Acta de los Valores de California, con la que va más directamente contra las políticas de Trump, pero al mismo tiempo destaca la importancia de la comunidad inmigrante e indocumentada en la economía estatal.
