La industria del videojuego atraviesa una crisis de identidad que cuestiona la naturaleza misma de la propiedad privada en el entorno digital. El movimiento global Stop Killing Games pasó de la queja en foros a una ofensiva legal coordinada contra la destrucción deliberada de productos por los que el consumidor ya pagó.
El origen de este conflicto radica en el diseño de software que depende de servidores externos para funcionar.
Cuando las empresas deciden que un título no es rentable, simplemente apagan la infraestructura a expensas del dueño, quien se queda en sus manos con archivos digitales inútiles.
Stop Killing Games utiliza como bandera The Crew, un videojuego de Ubisoft desactivado recientemente, para demostrar que, bajo el modelo actual, el usuario no compra un bien, sino que adquiere una licencia revocable a discreción del vendedor.
A lo largo de 2024 y principios de 2025, esta iniciativa escaló denuncias ante agencias de consumo en Francia, Alemania y Australia. La estrategia no busca caridad corporativa, sino una definición jurídica clara sobre las obligaciones post-venta.
El movimiento sostiene que, si una empresa decide dejar de dar soporte a un juego, tiene la responsabilidad técnica de dejarlo en un estado funciona, sea activando servidores privados o habilitando un parche que elimine la necesidad de conexión obligatoria.
Actualmente, el frente de batalla se concentra en espacios legislativos clave. En la Unión Europea, los activistas buscan que la Ley de Equidad Digital prohíba explícitamente la desactivación remota de software vendido como producto.
Al mismo tiempo, se presiona al Parlamento Europeo para que reconozca los videojuegos como bienes duraderos.
En el Reino Unido, una petición gubernamental cuestiona por qué se permite comercializar productos sin una fecha de caducidad declarada, lo que constituye una omisión informativa para el comprador.
Las corporaciones argumentan que mantener servidores es costoso y que los términos de servicio, aceptados habitualmente sin leer, les otorgan el derecho de finalizar el soporte.
Sin embargo, esta postura choca con los derechos básicos del consumidor, que tradicionalmente protegen la integridad de un bien adquirido legalmente frente a la intervención arbitraria del fabricante. Esto defienden los consumidores.
Los posicionamientos de Stop Killing Games sugieren una asimetría de poder donde las corporaciones se reservan el derecho de dejar inutilizable un producto sin tomar en cuenta al comprador.
«Stop Killing Games es un movimiento de consumidores iniciado para desafiar la legalidad de que los editores destruyan videojuegos que han vendido a los clientes. Un número creciente de videojuegos se venden efectivamente como bienes, sin fecha de expiración declarada, pero diseñados para ser completamente injugables tan pronto como termine el soporte del editor», indica la organización en su sitio web.
«Esta práctica es una forma de obsolescencia planificada y no solo es perjudicial para los clientes, sino que hace que la preservación sea efectivamente imposible. Además, la legalidad de esta práctica en gran medida no ha sido probada en muchos países», agregan.
