El Consejo General del INE avaló a Javier Corral como senador plurinominal en la lista propuesta por Morena, pese a las pruebas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), las cuales acreditan su inelegibilidad al estar procesado penalmente y tener la calidad de prófugo de la justicia.
Lo anterior, al votarse la distribución de diputaciones y senadurías plurinominales que le otorgan a Morena 364 diputaciones en conjunto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), incluyendo las curules de mayoría relativa.
Además, les fueron concedidas 83 senadurías, por lo que sólo necesitan tres más para la mayoría calificada. La representante del PAN, Mariana Lachica, informó de la documentación aportada al INE para acreditar la calidad de Corral como prófugo de la justicia, pero el órgano electoral la desconoció bajo el argumento de que la Fiscalía chihuahuense era incompetente para realizar dicha detención.
También se negó el INE a solicitar información a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y al mismo juzgado penal donde se lleva el asunto, para establecer la condición jurídica del exgobernador, a pesar de la persistencia del PAN desde hace tiempo y de que ayer el consejero Jaime Rivera insistió en ello.
La representante panista ante el Consejo General del INE, Mariana Lachica, sostuvo que Javier Corral es prófugo de la justicia y por tanto no debe entregársele la senaduría plurinominal.
“Venimos a presentar las pruebas documentales para solicitar que le sea negada la asignación de un escaño a Javier Corral Jurado por encontrarse en suspensión de sus derechos políticos”, dijo la abogada chihuahuense.
Reitero que no pueden existir en la herradura de la democracia, como se conoce al recinto principal del INE, “ciudadanos de primera y de segunda”.
“No puede haber trato diferenciado” –dijo Lachica-, tras reiterar que debe resolverse con base en los principios rectores de legalidad y exhaustividad, ya que la calidad de prófugo de la justicia de Corral se encuentra plenamente acreditada, indicó.
Incluso sostuvo que es un hecho público y notorio, “todos lo vimos evadir la justicia el pasado miércoles 14 de agosto en la colonia Roma”, al referirse al “rescate” efectuado por el fiscal de la Ciudad de México apoyado por más de cien policías y 40 “porros”.
La Constitución Política es muy clara en su artículo 38, insistió, el cual “prevé que un ciudadano está suspendido en sus derechos políticos si se encuentra en calidad de prófugo de la justicia a partir de su orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”. “Un ciudadano no puede ejercer un cargo si están suspendidos sus derechos”, insistió en su intervención ante los consejeros electorales.
Dijo que incluso ni aun y cuando exista un amparo a su favor, ya que existe un procedimiento al respecto que debe cumplirse.
