A prisión preventiva fue enviado Carlos Humberto T. R., chofer de un camión de transporte de personal, por los delitos imprudenciales de homicidio, lesiones y daños, además de omisión de auxilio con dolo, luego de que presuntamente chocó a una familia que viajaba en automóvil la madrugada del 18 de junio, hecho en el cual murieron la madre y el padre, y el hijo de siete años de edad se encuentra aún hospitalizado.
Los defensores particulares de T. R. respaldan la versión de su patrocinado, de que el camión que conducía, prestado y propiedad de Iván Josué D. C., tenía averías en transmisión y dirección desde que lo empezó a conducir, hace dos semanas.

En esa unidad llevaba personal de las empresas Align Planta 2 y Datamark a sus lugares de trabajo, subcontratados por la empresa Transportistas Platinum de la Frontera, una de las identificadas como “patito” por fuentes confidenciales de la Dirección de Transporte de la Zona Norte por emplear a conductores independientes ante la incapacidad de cubrir los servicios para los que son contratados por maquiladoras de la ciudad.

Tras el siniestro, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Seguridad Vial presentados durante la audiencia, Carlos Humberto huyó del lugar, sin ofrecer ayuda a las víctimas que viajaban en el automóvil Nissan Versa gris que quedó prensado contra un arbotante de alumbrado en la avenida Antonio J. Bermúdez luego de ser impactado por el camión de pasajeros Blue Bird que conducía el acusado.

Durante la audiencia inicial por la causa penal 3912/2024 contra T. R. se leyeron varias declaraciones recabadas por el Ministerio Público. Una de ellas fue la del propio acusado, luego de que acudió el miércoles al mediodía a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte a comparecer, tras ocultarse por más de 24 horas ante un supuesto temor y confusión resultado del siniestro vial.

En su declaración, T. R. relató que tenía dos semanas trabajando para Iván Josué D. C.; que el 18 de junio se levantó a las 3:30 de la mañana como era su rutina para ir a la colonia Parajes de San José y recoger a empleados de Datamark, empresa de procesamiento de datos ubicada por la avenida Antonio J. Bermúdez, y tras dejarlos emprendió camino hacia El Mezquital, por la misma avenida antes mencionada.
Allá recogería a empleados para Align Planta 2, pero cerca del cruce con la calle Volta bajó de velocidad el motor, de la cuarta a la tercera, y fue entonces cuando, según contó, se descontroló la tracción, el camión “se amarró” y terminó subido sobre el camellón y metiéndose en sentido contrario.

Al impactar el camellón se golpeó la cabeza con la ventana y perdió el control y el conocimiento brevemente, pero al recuperar la conciencia vio lo ocurrido y ante “el miedo y los nervios” empezó a correr hacia la avenida Gómez Morín, entró a una casa abandonada y se ocultó por más de 24 horas.

Salió porque tenía sed, se acercó a otra vivienda y pidió agua y poder hacer una llamada telefónica. Le llamó a su madre, cuyo nombre se reserva por seguridad. Le dijo que le dolía la cabeza, le contó lo que ocurrió y que quería entregarse, así que su madre lo fue a recoger a la tienda Waldo’s de la Gómez Morín. Una vez en la casa donde ambos viven junto con otros familiares, la madre llamó a los defensores particulares y les explicó la situación. Al mediodía, horas después, Carlos T. R. ya estaba en la Fiscalía contando su versión.

Dijo estar arrepentido, que quería responder por lo ocurrido y que lo perdonaran.

También declaró Iván Josué D. C. Dijo que el camión era suyo, tenía póliza de seguro vigente y podía comprobar la propiedad del vehículo. Lo compró hace año y medio sin funcionar, en un remate por las condiciones en que lo tenían.

Lo adquirió como parte de su flotilla de tres camiones como transportista independiente luego de nueve años trabajando para otros. Llevaba ya dos años siendo su propio jefe, con gente como T. R. a su cargo.

Sobre el acusado, señaló que lo conocía del mismo gremio de transportistas, que lo quiso ayudar luego de que en otro empleo le descontaron 500 pesos porque faltó un día.
Tras el siniestro vial del 18 de junio, le pidió a un compañero de T. R. que se comunicara con él, sin éxito las primeras veces. Sólo una llamada entró, ya por la tarde del martes, y la respuesta de Carlos fue “creo que los maté”, para luego colgar.

Tras la acusación formal por los delitos señalados y la lectura de antecedentes, Carlos Humberto decidió guardar silencio en esta etapa procesal, por lo que se procedió a la solicitud de medidas cautelares, aquellas que aseguren que el acusado comparecerá ante el juez de Control.

De acuerdo con el Ministerio Público, el que T. R. acudiera a declarar no era una muestra de una menor necesidad de cautela, sino que debía pesarmás su huida de la escena del siniestro vial.

Su comparecencia tras la huida, incluso, manchó la continuidad de las investigaciones, pues pese a que accedió a hacerse exámenes toxicológicos y de alcoholemia, a decir de la representación social los resultados ya no serían útiles por el tiempo que pasó entre el accidente y la toma de muestras, por lo que no fue posible conocer si había ingerido algo nocivo al momento del suceso.

La situación jurídica de Carlos Humberto T. R. será resuelta el martes 25 de junio a las 11:00 de la mañana. Mientras tanto y por 12 meses permanecerá en prisión preventiva en el Cereso 3, a decisión del juez del Control, pese a la solicitud de una medida menos gravosa.

Con 17 casos, el estado de Chihuahua encabeza la lista de suicidios de agentes de corporaciones policiacas de todo el país desde 2018 hasta la fecha, de acuerdo con el Proyecto Azul Cobalto, realizado por investigadores y académicos que estudian las condiciones de las fuerzas de seguridad de todos los niveles en México.

A nivel nacional, los suicidios documentados y contabilizados son 109 en diferentes estados, la mayor parte de integrantes de corporaciones municipales (39), seguidos de 35 agentes de policías estatales, 20 ministeriales, 12 de la Policía Federalguardia Nacional y tres elementos del sistema penitenciario.

Del total de casos, 12 corresponden al año 2018; 18 al 2019; 30 al 2020; 24 al 2021; 12 al 2022; 10 al 2023 y tres casos al año actual.

En cuanto a la situación por estados, después de Chihuahua aparecen Veracruz, con 11 casos; la Ciudad de México, con 10; el Estado de México, con ocho y Puebla, con siete casos. Estas son las entidades que concentran la mayor incidencia de suicidios; el resto están dispersos por los demás estados del país.

Los municipios del país con mayor incidencia son Morelia, Michoacán, y la capital de Chihuahua, con cinco casos cada uno; le sigue Juárez, también de Chihuahua, con cuatro ocurrencias; Guadalajara, Jalisco, con tres incidencias y Tijuana, Baja California, también con tres.

En cuanto a los municipios de Chihuahua, además de la capital y la principal frontera, aparecen con incidencias Guachochi, con tres casos; Cuauhtémoc y Parral con uno cada ciudad; mientras que el resto de los 17 registrados están dispersos en otros tres municipios.

En los años de referencia que comprende el Proyecto Azul Cobalto, hay registros de tres mil 638 bajas, por muertes, accidentes o desapariciones, de agentes policiacos de todas las corporaciones que operan en México: Guardia Nacional o antes Policía Federal, policías estatales preventivas, policías ministeriales, policías viales, policías municipales y custodios encargados de la seguridad en las prisiones.

Del total de casos documentados, corresponden a homicidios tres mil 026; muertes en accidentes, 419; muerte natural, 41; suicidios, 111, incluyendo años previos al comienzo del sexenio federal actual; y 41 desapariciones.

El Proyecto Azul Cobalto, que hace referencia al color internacional con el que son identificadas las corporaciones de seguridad, es un Registro de Mortalidad Policial en México, patrocinado por agencias y asociaciones como Global Thought MX de la Ciudad de México, Respaldo Teórico Policial de Aguascalientes, Unidos por la Seguridad y la Asociación de Licenciados en Seguridad Pública de Jalisco y International Defensive Tactics Asociation.

Asimismo, colaboraron en su diseño e implementación Ramón Hernández, Leonardo Cervantes, Alberto García González y Daira Arana, bajo la coordinación de Daniel Gómez-tagle.

Un grupo de personas que indicaron ser de las víctimas de fraude de la Aras Business Group protestó esta mañana bloqueando la Fiscalía Zona Centro para exigir que avance la aplicación del fallo condenatorio contras empresa

Expusieron que por ahora el fallo no ha sido cumplido por las solicitudes de amparo promovidas por un abogado de las víctimas y la representante legal de Aras.

Agregaron que mientras pasa el tiempo hay menos bienes para el pago de la reparación del daño.