El sistema democrático del país, expresado en sus leyes y organismos electorales, es uno de los más caros del mundo. El Instituto Nacional Electoral recibió este año casi 11 mil 500 millones de pesos, el doble de los presupuestos para Juárez y Chihuahua juntos, todos con cargo al contribuyente.
La cantidad por sí misma describe el dispendio económico en los procesos electorales. No obstante es necesario agregar el costo de los organismos estatales, de entre quinientos y mil quinientos millones según la entidad, el Tribunal Electoral, sus réplicas locales y la Fepade. Es una sangría aceitar el entramado electoral.
Para definir el costo real de la democracia mexicana, tendríamos que hurgar entre la letra chiquita de los presupuestos estatales y el federal, agregando lo que cuesta operar a los organismos involucrados. Es una terea compleja hasta para los auditores mejor preparados.
Frente a esa dificultad, en razón de los datos objetivos dejémoslo en 25 mil millones de pesos en los años sin elecciones, un mundo de dinero. Por desgracia el uso ilegal de recursos públicos, destinados a los partidos políticos es frecuente.
Hay quienes, convencidos, afirman que se maneja más dinero sucio que legal en cada proceso electoral, creencia aceptada sin discusión en la clase política. Ven “normal” el uso ilegal de dinero. Para ellos es rutina, ni remordimiento sienten al desviarlo.
Van dos ejemplos. Las elecciones en el Estado de México debieron costar oficialmente, unos tres mil millones de pesos, mil quinientos en aportaciones legales del INE y otro tanto en recaudación de los partidos.
Bien, especialistas consideraron que tan sólo esa elección tuvo un costo de 15 mil millones de pesos ¿De dónde salió el resto? Pues una parte del erario público y otra de los habituales patrocinadores de los partidos, quienes después exigen cobrarse en obra y servicios a precios inflados o de pésima calidad. Necesitan recuperar la inversión.
El otro ejemplo lo tenemos en Chihuahua. La Fepade solicitó orden de aprehensión contra César Duarte, por usar dinero de gobierno para campañas del PRI. Según alguien que vivió los movimientos financieros desde adentro, Duarte envió a las campañas del PRI, en diversos estados y en aportaciones periódicas al CEN, alrededor de tres mil millones de pesos, durante su sexenio. Hablaríamos de poco menos de cincuenta millones de pesos mensuales.
No hay forma de cuantificar el costo de la democracia mexicana, pero prevalece la certeza de que es mucho más cara de lo que reporta el INE.
Además de onerosa es ineficiente. Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, antecedente inmediato del INE, la única certidumbre que ofrece a los procesos electorales, es que los votos se cuenten correctamente una vez depositados en las urnas. Y todavía existen personas que también dudan del conteo, pregunten a López Obrador en la elección del 2006.
Sin embargo prevalece cierta sensación de que una vez depositado el voto en la urna, será bien contado, lo que genera tranquilidad entre los electores interesados en el rumbo del país, y desde luego entre los partidos y sus candidatos.
Hasta ahí llega el INE, pues en los hechos subsiste la compra de votos, por medios cada vez más sofisticados pero con el mismo fin, el uso discrecional de recursos –como se ha dicho- en las campañas electorales, sean públicos o privados, la interferencia de los gobiernos, de cualquier partido, a favor de sus candidatos y el estímulo de partidos sin base social cuyo fin es parasitar el sistema electoral, en beneficio de sus caciques y dueños.
En este último punto quiero detenerme, en los partidos de membrete. Hoy que discuten –seguramente quedó aprobada el viernes en la tarde- una ley electoral impulsada por inusual alianza PAN-PRI, en detrimento de los parasitarios, a los que también identifico por nanos, en razón de su insignificancia electoral.
Rubén Aguilar, dueño de la franquicia PT; Kristal Tovar, lugarteniente de Hortensia Aragón, cacique del PRD local; Alejandro Gloria, junto a su esposa María Ávila representantes de la familia González, dueña del Verde; Miguel Vallejo, encargado temporal de Movimiento Ciudadano, cuya titularidad pertenece a uno de los políticos más oscuros de Veracruz, Dante Delgado, y otros por el estilo, montaron un pataleo contra la Iniciativa de Ley, por un artículo que los aterra; queda cancelada la transferencia de votos entre partidos.
Esos nanopartidos de familia tienen bien establecido su negocio, su resistencia a perderlo es lógica. Los perjudica en sus intereses económicos de dos maneras: recibiendo menos dinero, lo que llaman prerrogativas, pues sus ingresos están supeditados al número de votos que, con la transferencia, estaban garantizados por sus alianzas insanas con un partido mayor, no de los electores.
También pierden espacios en el congreso estatal, con el riesgo de quedar fuera en Chihuahua, pues ahora deberán demostrar que por sí mismos son capaces de obtener el tres por ciento de la votación válida emitida. Cada diputado les significa 150 mil pesos mensuales, sin contar la partida secreta, al menos otros 100 mil, ni los “extras” por votos comprometedores. Hubo denuncias públicas de que Duarte les entregó, a los diputados anteriores, un millón de pesos a cada uno por votar el último endeudamiento.
Las ministraciones, así llaman en la burocracia electoral a los depósitos mensuales que realiza el INE a los partidos, quedan comprometidas. Por ejemplo, PT recibe anualmente 10 millones 819 mil 624 pesos, más 324,588 para actividades específicas, y el PRD 7 millones 428 mil, más 222 mil 840 pesos. El PT de Aguilar ronda el millón de pesos mensuales y el PRD de Hortensia Aragón supera con mucho los 500 mil.
Muy pocos negocios en México dejan esas utilidades, que mayoritariamente van al bolsillo de dueños o caciques partidistas, sin obligación de rendir cuentas a la sociedad o enterar impuestos.
Si la votación obtenida en la próxima elección queda por debajo del tres por ciento, con la nueva ley pierden oportunidad de hacer alianzas ventajosas que los mantengan en el Congreso. Hoy el PRI con más del 30 por ciento de la votación, tiene solo cinco diputados y ninguno pluri, mientras el PT alcanzó dos, con menos del tres por ciento de los votos, gracias a la transferencia.
Ese artículo les pega donde duele, en bolsillo. Restringe el dinero mensual recibido y la oportunidad de obtener diputaciones plurinominales. Es el mayor atentado que un dueño de nanopartido pueda recibir, la sola posibilidad de verse impotentes los vuelve locos.
¿Qué hacen esos partidos en beneficio de la sociedad a cambio del dinero recibido y de los espacios en los congresos estatales y las cámaras? Absolutamente nada, se lo embolsan y lo disfrutan de la misma manera en que un empresario o trabajador honrado disponen del dinero devengado con esfuerzo. Por lo mismo no es exageración decir que son parásitos de la sociedad, dado que se benefician de sus recursos sin prestar un servicio a cambio.
Su franca oposición los exhibe tal y como son y desvela si indignidad. Quieren por la vía legal conseguir lo que les ha negado el ciudadano, rechazándolos en cada votación. La posición de un partido digno debería ser una parecida al tipo “aprueben las leyes que quieran, yo me atengo al arraigo ciudadano”. Nada, lloran por los votos que nunca han podido conseguir en las urnas.
Otros dolientes por la reforma son los alcaldes independientes. Están insatisfechos a causa de la obligatoriedad impuesta para que refrenden las firmas como requisito previo al registro.
Desde un punto de vista democrático tienen razón, ya demostraron por una doble vía su base social; primero con las firmas y después ganando la elección. Sin embargo su berrinche los sitúa cual políticos cortos ¡Por favor!, el año pasado consiguieron las firmas sin la estructura de la administración municipal, con el poder actual es para que no tengan la menor dificultad.
En esa parte erraron los asesores de Javier Corral, pretendiendo obstaculizar a los independientes y a los actuales electos de partido, al forzarlos a pedir licencia para competir, dan cuenta de su debilidad electoral. Se asustaron con el petate del muerto.
Los independientes, por desgracia, fueron una mala moda, demostraron que son igual o peor que los emanados de partido. El Bronco fracasó en Nuevo León y Cabada, en Juárez, demostró las mismas ataduras impuestas por los intereses de los partidos. Sin hablar de sus apetitos económicos en su insensata campaña del Juárez Iluminado.
Reciben un favor permitiendo que abran campañas antes del periodo constitucional. En lugar de renegar por la Ley, Cabada y Lozoya deberían estar agradecidos con los diputados que votaron la iniciativa, los hacen más grandes de lo que son y de pasada se distinguen de los nanos. Que weba, tener que lidiar con ambos.
