Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado (FACH) abrió una investigación contra el juez Manuel Jurado Torres por su actuación en el caso de la maestra Edna Marilín Chávez Loya, cuyo fallecimiento en Parral desató una fuerte controversia luego de que el juzgador reclasificó el delito de feminicidio a homicidio imprudencial.
El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, confirmó que la denuncia llegó la mañana de ayer y aseguró que revisarán el caso hasta las últimas consecuencias.
El funcionario explicó que la querella contiene señalamientos específicos sobre la resolución emitida durante la audiencia en la que fue resuelta la situación jurídica del imputado Juan de Dios V. M., pareja sentimental de la víctima.
De acuerdo con el fiscal, el documento detalla la reclasificación del delito, por lo que el equipo jurídico de la Fiscalía Anticorrupción analiza el expediente para determinar si existieron conductas que pudieran constituir un delito.
“Tenemos que poner un alto a la discrecionalidad que les da la ley a los jueces en materia de juzgar. Ellos son los únicos que juzgan y lo tienen que hacer conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Si se salen de ese marco pueden incurrir en un delito y eso es lo que estamos investigando”, expresó Valenzuela.
El caso de la maestra Edna ha generado un amplio debate en Chihuahua desde principios de febrero. La docente murió el día 2 de dicho mes en la colonia Infonavit Praderas de Hidalgo del Parral, luego de ser atropellada por una camioneta conducida presuntamente por su pareja sentimental, quien fue detenido por estos hechos.
Desde el inicio de las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género (FEM) abrió una carpeta bajo el protocolo de feminicidio, al considerar posibles antecedentes de violencia en la relación.
Sin embargo, durante la audiencia judicial celebrada el 9 de febrero, el juez Manuel Jurado Torres resolvió que los datos de prueba presentados no acreditaban el delito de feminicidio y determinó reclasificar el caso como homicidio imprudencial, al considerar que la muerte de la maestra pudo derivarse de un hecho accidental.
La decisión provocó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos feministas y diversos sectores sociales, quienes cuestionaron el criterio utilizado por el juzgador y exigieron que el caso sea analizado con perspectiva de género.
Ante la polémica pública y las denuncias presentadas, el órgano disciplinario del Poder Judicial del Estado ordenó la suspensión temporal del juez mientras revisa su actuación dentro del proceso.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que existen elementos para considerar que la muerte de la docente no fue un hecho imprudencial, por lo que anunció que buscará revertir la reclasificación y sostener la acusación por feminicidio durante el desarrollo del proceso penal.
En medio de esta controversia, la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción abrió un nuevo frente en el caso, al plantear la posibilidad de investigar la actuación del juez desde el ámbito penal.
El fiscal Valenzuela agregó que la dependencia también analiza otro expediente relacionado con el juez de Control del sistema penal acusatorio de los distritos judiciales Bravos y Galeana, Marco Antonio Palma Meléndez, con sede en Nuevo Casas Grandes, cuya actuación también fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción y está bajo revisión jurídica.
Sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción actuará cuando existan denuncias sustentadas sobre la conducta de servidores públicos del sistema judicial. “Si antes los jueces eran intocables, hoy no van a ser intocables”, concluyó.
