En la parte álgida de la crisis judicial conocida como “las puertas giratorias”, generada por el desencuentro entre la Procuraduría General de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia, Reyes Baeza aprovechó el agotamiento del periodo constitucional de José Chávez Aragón, presidente del Tribunal, para suavizar la relación entre las instituciones.
El gobernador estaba en una disyuntiva; o relevaba del cargo a Patricia González o frustraba la reelección de Chávez Aragón. Eligió a la señora, decisión que probablemente maduraba desde el nombramiento de Rodolfo Acosta como magistrado.
Para elegir a Fito magistrado presidente existía un problema legal, no estaba ratificado. Entonces la Ley Orgánica de Poder Judicial reservaba el derecho de ser presidente a los magistrados ratificados por el Congreso.
Resuelto al cambio la solución era sencilla; el siempre servil Congreso del Estado ¿Qué hicieron los diputados, a cargo de Mario Tarango, para resolverlo? Ajustaron la ley a gusto del gobernador, retiraron la obligatoriedad de la ratificación. Aquella reforma se conoció como la “Ley Acosta”.
Con César Duarte en gobierno, a Rodolfo Acosta lo sucedió Javier Ramírez Benítez, empezando el periodo más oscuro en la historia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La sumisión a la que se sometió, por voluntad propia, a César Duarte arrastró la justicia chihuahuense hasta los suelos.
Ante el servilismo obsequioso y ramplón de Ramírez Benítez, sus compañeros en el Pleno lo llamaban “El magistrado edecán”, mote que le vino de asistir a cuanto evento púbico era invitado de Palacio. Prevenido de que asistiría Duarte, se apuntaba de inmediato así fuese la protesta de una sociedad de alumnos en la secundaria de la Dale.
Siendo presidente de un Poder, Ramírez Benítez llamaba en público “patrón” a Duarte. Pensaba que así garantizaba la reelección. Estaba equivocado, tanto se sometió que terminó por ser el hazmerreír del la política y el gremio de la Litis y la chicana, inutilizándose a sí mismo para el cargo.
No lo reeligieron, en su lugar Duarte pretendió nombrar al magistrado Rodolfo Moreno Pérez, pensando que lo manipularía a contentillo. Imposible, el carácter retraído y su voz apagada lo hizo inelegible, circunstancia que abrió un fugaz espacio de luz para que el Pleno mostrase independencia.
Lo hizo, en tímida rebelión los magistrados – hoy la mayoría en retiro- nombraron al juarense Alberto Vázquez Quintero. Efímero el momento luminoso, desafiar al dueño de las instituciones exaltó su ira.
Los días de Vázquez Quintero estaban contados, sentenciada su salida. En Palacio activaron los mecanismos de presión, recordaron la “Ley Acosta” y la movieron a su gusto e interés. Crearon la sala de Control Constitucional, cuyo primer magistrado tenía nombre, José Miguel Salcido Ramírez.
El candidato designado a sucederlo estaba listo, ya era magistrado y una vez miembro del Pleno ejercieron inusitada presión sobre Vázquez Quintero, hasta obligarlo a jubilarse. De nuevo la presidencia estaba vacante y el sustituto a la mano, sin oposición Salcido Ramírez ocupó el espacio vacío.
En ese momento desdoblaron un vergonzante periodo de relevos en la presidencia, dominados por ambiciones personales, componendas partidistas e intereses de pandilla.
Algo salió mal entre César y José Miguel, dicen que fueron sus observaciones sobre deficiencias en la Ciudad Judicial, construcción que Salcido se negaba a recibir. Lo que haya motivado el enfado de Duarte, de la noche a la mañana Salcido pasó de favorito a presidente incómodo.
Ésta vez no necesitó al Congreso para removerlo, Duarte lo engatuso y le hizo pedir licencia a la presidencia a fin de incorporarlo a la Secretaría de Educación. Salcido se tragó el sapo sin hacer gestos y en su lugar pusieron interinamente Gabriel Sepúlveda, a su vez beneficiario de otra sala creada ex profeso, la de lo Contencioso Administrativo, algo así como la de asuntos sin importancia. Hoy ninguna de las dos sales existe tal y como fueron creadas, por que nunca recibieron asuntos que sentenciar.
Nadie daba crédito a tamaño absurdo, Salcido pasó dócilmente de presidir el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a empleado del Ejecutivo. Inverosímil su salida de la presidencia, inaudito lo que sucedió después: a las semanas renuncia a la Secretaría e intenta regresar al Tribunal, invocando la temporalidad de su licencia.
Literalmente retomó la oficina durante un par de horas y en oficio de presidente despidió personal. Alarmas rojas, a los ojos del dictador Salcido se había vuelto loco y pretendía asaltar la presidencia, ocurrencia inaceptable. Para detenerlo esta segunda vez no le ofrecieron otra alternativa administrativa, lo llamaron a cuentas en calidad de enemigo, obligándolo a jubilarse sin importarles que incumplía los requisitos.
Ese disparate hizo coexistir dos presidentes del Tribunal, Salcido que regresaba y Sepúlveda que reclamaba la vigencia del interinato, una de las mayores aberraciones jurídicas, póngalo en el Ejecutivo y visualice dos gobernadores al mismo tiempo. Es igual. Subsanaron el entuerto en 24 horas con otra reunión del Pleno para elegir presidente, osea la ratificación de Sepúlveda.
Entreverado con los impositivos y abruptos cambios y recambios de presidentes, Duarte dirigió el mayor atentado que un gobernador pueda hacer contra otro Poder;
sustituir a la mitad de sus integrantes. Es como si, una vez elegidos los diputados, por decreto del Ejecutivo la mitad debe salir. La Ley Acosta es juego de niños comparado con lo que hizo Duarte.
El argumento para retirar a los magistrados de mayor antigüedad, fue que el Tribunal necesitaba ser oxigenado. Así, como si se tratase de una reunión a puertas cerradas entre fumadores, era necesario abrir ventanas. No hubo argumentos jurídicos, de corrupción, ineficiencia. Jamás acusaron a ningún magistrado de corrupto o inepto, la razón de su salida es que necesitan oxigenarlos.
En complicidad con el PAN realizaron el atentado, nombrando a trece magistrados, ocho foráneos y siete de carrera, aprobados debidamente por el Congreso. Seis de los “oxigenadores”, entre ellos Gabriel Sepúlveda, sin mayor merito que ser incondicionalmente subordinados a Duarte y dos entregados al PAN. Quintana y Villegas podrían explicar algo al respecto.
Pusieron todo en su sitio: el Congreso a las ordenes del Ejecutivo, el Poder Judicial sometido y debidamente oxigenado, a las órdenes de señor, para lo que se ofrezca. En esas estaban hasta que en Chihuahua se hizo la luz, Javier Corral, iluminado del señor y azote de los corruptos tomó el poder.
Por fin habría un Congreso independiente, un Poder Judicial imparcial y concentrado, la democracia regresaría a su partido, terminaría el manoseo en las universidades públicas. Un esplendoroso nuevo amanecer para todos, descrito en su logo, el color que le guste a cada quien.
¿Qué hizo el gran demócrata en el Tribunal para solventar los atentados de su antecesor ? Lo que hace cualquier demócrata que se jacta de serlo, poner las cosas en su lugar.
Ordenó a los muy independientes diputados de su partido destituir al Magistrado Presidente, adelantó la publicación del periódico oficial del estado e impuso nuevo Presidente del Tribunal, al decano Jiménez Castro. Todo en menos de 72 horas, había que mostrar eficiencia.
Actuó sobre la base de que antes todo estaba podrido, por que lo hizo Duarte, pero hoy las imposiciones huelen a rosas, ya que son mías, las decisiones del gran demócrata, osea yo, su atento y siempre humilde Javier Corral.
No jodan, su dictadura es tan abyecta como la de Duarte. Es equivalente a decir calma señores, el vulgar ladrón hizo de ustedes una marioneta por sus perversos y malsanos intereses; yo los robaré, acuchillaré y me limpiaré con su salea por que soy muy bueno y bendecido de Dios. Mis intenciones son nobles.
El problema con Javier no es que sea igual o peor de dictador que Duarte, eso lo empieza a ver la gente, su problema es que pretende hacerse pasar por demócrata, apoyado en que lo hace de buena fe, para resolver los desatinos del otro.
Su conducta sobre moralidad política recuerda al gobernador Francisco Barrio, cuando perdonó a Joaquín Mesta, siendo que deliberadamente había robado dinero del erario para resolver problemas personales. Es de buena familia, dijo Barrio, por lo tanto hay que tenerle consideraciones.
Bendita vara de moralidad, como soy de buena familia, puedo robar, defraudar, violar y maldecir a santísimo sin tener que confesarse. Así Corral, si Duarte despedazó al Tribunal para poner a sus amigos, yo pateo sus despojos, ordeno al Congreso, oxigeno la presidencia y además les pido que sean felices, tomen la puñalada sin que les duela, pues soy Corral, el impoluto gobernante de este impío condado que no me merece.
Dios nos agarre confesados, está empezando.
Autor: Luis Froylán Castañeda
