El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional, que acaba con las pensiones millonarias que perciben ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos, al establecer un límite a esos ingresos “estratosféricos”.
Con 116 votos de senadores de todas las fuerzas políticas se avaló esa reforma y se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso del Constituyente.
Las llamadas pensiones doradas se ajustarán a un nuevo parámetro: no podrán ser mayores a 50 por ciento de la remuneración “de la persona titular del Ejecutivo Federal”. Se trata de 70 mil pesos mensuales, y será la cifra máxima tanto para las jubilaciones que se concedan a futuro como para las ya vigentes.
Entre estas últimas, la que provocó mayor controversia es la de poco más de un millón de pesos que percibe desde hace 17 años un ex subdirector de la extinta Luz y Fuerza del Centro, la cual se reducirá drásticamente, pues en ese periodo ha recibido más de 204 millones.
Los grupos del PAN, MC y PRI votaron a favor de ese cambio a la Carta Magna, que ajusta las pensiones y jubilaciones de personal de confianza en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera y Banobras, entre otras entidades públicas, pero insistieron en que se trata de una reforma incompleta.
Legisladores de oposición exigieron que se ajusten también las pensiones de mandos medios y altos de las fuerzas armadas, de toda la administración pública federal y de los ministros en retiro.
Temen que la retroactividad no pueda operar
Pese a su voto a favor, pusieron también en duda que opere la retroactividad. En el caso de las senadoras Carolina Viggiano, del PRI, y Alejandra Barrales, de MC, salieron en defensa de los ex funcionarios que perciben pensiones millonarias.
Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, dejaron claro que, por tratarse de una modificación a la Carta Magna, no opera el principio de retroactividad, y hay jurisprudencia de la Suprema Corte que avala cambiar la temporalidad de alguna disposición o norma, sobre todo cuando se trata de recursos públicos.
“La reforma aprobada tiene un propósito muy claro: poner orden en el sistema de pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos”, ya que existen miles de personas que reciben pensiones estratosféricas, las cuales significan cargas presupuestales que no pueden aguantar las finanzas públicas”, destacó el senador Cantón Zetina.
Es falso, sostuvo, que se aplique la retroactividad. De hacerlo, los ex funcionarios estarían obligados a devolver lo que han percibido durante años, pero la nueva normatividad aplica a partir de que se promulgue la reforma.
En el dictamen no se precisa el número total de ex directivos a los que se reducirán las pensiones, pero durante el debate se destacó que el ahorro será de 5 mil millones de pesos anuales.
Morena, en voz del senador Saúl Monreal, dio un panorama general. Explicó que mientras en México el promedio de pensión ronda entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos mensuales, existen casos en el sector público en los que se pagan pensiones que van desde 340 mil hasta un millón de pesos mensuales con cargo al erario.
Esta diferencia, declaró, puede representar hasta 140 veces más del promedio de una pensión que recibe la mayoría de la población mexicana.
Durante la discusión en lo particular, senadores de PAN y MC presentaron reservas para modificar el dictamen, que fueron rechazadas. La reforma se aprobó en lo particular con 115 votos a favor y seis abstenciones. Se envió a San Lázaro para su revisión.
