Al ciudadano común le causa curiosidad entender el enorme poder de la mafia del transporte; en menos de un año despedazó al sistema implementado por Duarte y en el mismo lapso sometió al gobierno de Corral, forzándolo a elevar la tarifa sin mejorar el servicio.
Es una desgracia para Chihuahua que por causas atribuibles al interés económico de grupos corporativistas, el transporte de la ciudad sea de tercera, sólo comparable al de capitales de países más empobrecidos, sin que ningún gobierno tenga capacidad o entereza de hacer valer los derechos del usuario.
Con unos cuantos de camiones nuevos y la promesa de comprar otros, el Gobierno del Estado cedió a la presión de aumento, elevando de ocho a nueve pesos la tarifa. Matizaron la decisión con que la ruta troncal y las alimentadoras siguen igual, ocho y siete pesos, dejando en nueve las llamadas rutas “largas”, categoría inventada para justificarlo.
Se engañan a sí mismos, las rutas alimentadoras no existen y la troncal está manejada por la empresa del Vivebus, único residuo vigente del “nuevo” sistema. En consecuencia el beneficio del aumento va directo al bolsillo de los transportistas que despedazaron el intento modernizador.
Que pena, la inacción de Duarte admitía sospechas de complicidad ¿Qué forzó el sometimiento del actual gobierno? Una propuesta de respuesta sería la incapacidad para interpretar correctamente el problema. Desconocen la historia de chantajes y mentiras con que suelen conducirse los capitanes de la mafia.
Cada cuatro horas y media sucede un homicidio violento en la ciudad de Chihuahua, asociado al crimen organizado. El dato se obtiene de la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, que dejó el número total de asesinatos en 1116 durante los primeros siete meses del año.
Es información de la Fiscalía, reiterando, lo que también explica que Chihuahua esté situado entre los lugares dos y tres –según el organismo que haga la medición- de los estados donde más ha crecido la violencia en el presente año.
Tiene razón el gobernador Corral cuando dice –revirando a Osorio- que el país se descompuso muchísimo. Su problema y con ellos el de la sociedad, es que entre los estados más descompuestos está Chihuahua.
¿Quién está ocupado en contener la violencia creciente? El gobernador no, su prioridad son los grandes problemas nacionales; Gustavo Madero tampoco, está concentrado en las tareas encomendadas por su partido; Peniche parcialmente, pues ocupa su tiempo en la integración de expedientes para los mexijuicios.
Se podría decir que para eso están los fiscales regionales. Causa pavor que un problema de la mayor prioridad esté atendido por segundones y si usted quiere por organismos del Gobierno Federal; Policía, Ejército o Marina, en cuyo caso el estado quedaría sujeto a la suerte de intereses superiores en los que nada tienen que ver los chihuahuenses.
Pasa el tiempo y no hay visos de que César Duarte sea detenido y presentado ante la justicia, así sea la federal. Es más, fuentes de la frontera aseguran que contrató a uno de los más caros despachos de los Estados Unidos, el dinero no es problema, y apuestan a que no lo bajarán a México antes de las elecciones ¿Será? Es lo que dicen los informados de la frontera.
Son malas noticias para Javier Garfio. En el mundo de la Litis y la chicana rumorean que los abogados del exedil, Héctor Villasana y Enrique Muñoz, ambos con fama de excelentes litigantes, perjudican a su cliente en lugar de ayudarlo, lo cual genera suspicacias y sospechas sobre su actuar.
Garfio debió seguir en libertad, o si acaso arresto domiciliario, pues el delito que le imputan no es considerado grave y por lo tanto no queda sujeto a prisión obligada. En el gremio consideran un error el amparo contra la fianza estratosférica que impuso el juez de consigna, pues según otros especialistas debieron ampararlo contra la medida cautelar de la prisión preventiva. En ese caso habrían ganado el amparo si o si, piensan.
Hace alrededor de un mes le negaron ese amparo y en consecuencia permanece detenido ¿Porqué dos abogados considerados excelentes en su trabajo cometieron error de primaria? Es lo que genera las sospechas, subrayando “sospechas y genera”, por aquello de la piel finita.
La familia hubiese contratado al “abogado de los pobres”, Fito Baca, cobra más caro pero no lo arriesgaría. En fin, dicen que Fito era la primera opción de Garfio pero no fue localizado por que en esos días andaba nadando en los cenotes de la Península, donde no entra la señal de celular. Consecuencias del teléfono descompuesto, hasta con esas.
En un gobierno comprometido con las instituciones sería inconcebible que un diputado como Javier Malaxechevarria, justificase una iniciativa para desregular el acceso a cargos legislativos y menos uno que fuese del PAN, partido que durante décadas ha pugnado por la profesionalización administrativa.
Sin embargo en el gobierno actual es la normalidad, el Ejecutivo se montó sin oposición sobre los otros poderes, Legislativo y Judicial, de modo que puede hacer lo que le venga en gana, así rompa con la tradición de su partido.
Necesita imponer contralor, libren una orden de aprehensión contra el rebelde; hay un coordinador insumiso, apliquen los estatutos del partido y signen a otro; el presidente del Tribunal es duartista, reúnan al Pleno y pongan un florero garantizado; Control del Consejo de la Judicatura, nadie mejor que la amiga así prevalezcan conflictos de intereses; el Presidente del Ichitaip se pasó de tueste, quítenlo y pongan al más dócil.
Igual en el atraco, en proceso, más reciente. Necesitan encontrar un cargo para Jorge Issa, pidan la renuncia de Daniela Álvarez. Pero gobernador, Issa es médico y su profesión no da el perfil legal ¿Cuál problema? Cambien la ley a modo del doctor.
Jamás en la historia reciente de Chihuahua hubo mayor atropello a los poderes y desprecio por las leyes. Pisotear al Congreso por un compromiso incómodo, en el que evidentemente está convertido Issa, linda en decisiones de dictadura. Si las leyes no se ajustan a mis deseos, las cambiamos de inmediato.
