Para el Partido del Trabajo, las votaciones intermedias –como la que se organizarán el próximo año para renovar la Cámara de Diputados– han representado comicios “de vida o muerte” electoral, incluso siendo parte de una coalición.
El ejemplo más reciente es el de 2021, en el que los petistas llegaron como parte de la alianza que tres años antes llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. En esa ocasión, el PT alcanzó por cuenta propia 3.2 por ciento de la votación, es decir, 120 mil 289 votos por arriba del umbral para mantener el registro.
La elección de 2015 fue de mayor “dramatismo” para la sobrevivencia de esta fuerza política. En coalición con el ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), el PT se proyectaba a alcanzar seis curules de mayoría relativa, pero al final del cómputo distrital se quedó con 2.99 por ciento de la votación, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la pérdida del registro y dio inicio la 63 Legislatura sin este partido.
Tras una serie de impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló los resultados de un distrito federal en Aguascalientes y autorizó la participación del PT para una elección extraordinaria. Con el apoyo del PRD y Movimiento Ciudadano, los cuales decidieron no postular candidatos, el PT obtuvo los votos suficientes para alcanzar 3 por ciento de la votación, el mínimo para mantener el registro como partido político nacional.
No obstante, con una Legislatura cuyo primer periodo ordinario de sesiones estaba por concluir, el Consejo General del INE, en ese momento presidido por Lorenzo Córdova, resolvió que legalmente ya no era posible asignar diputaciones, ni de mayoría relativa ni por la vía plurinominal, por lo que se quedó sin bancada en San Lázaro.
En tanto, durante las elecciones intermedias anteriores, en 2009, 2003 y 1997, obtuvo entre 2.5 y 3.7 por ciento, aunque la legislación en ese momento establecía un umbral de 2 por ciento.
Con ese antecedente fue que el PT aprobó el llamado plan B de reforma electoral, pero en el que se opuso a avalar la modificación que permitiría que el proceso de revocación de mandato presidencial se pudiera organizar en el tercer año del sexenio, lo que empataría esas votaciones con los comicios de 2027.
En los días recientes, legisladores de este instituto político, entre ellos el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, reconocieron que la propuesta hacía “ruido” dentro del partido y advirtieron que podría beneficiar a otra fuerza política.
