Aunque el Gobierno de México pretende que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envíe documentos similares a las órdenes de aprehensión que se libran en nuestro País sobre el caso del Gobernador Rubén Rocha Moya, el sistema penal estadounidense sólo requiere la entrega de datos escuetos para continuar con el proceso de extradición.
La Presidenta Claudia Sheinbaum descalificó ayer el documento presentado por el gran jurado federal de Nueva York que aprobó los cargos contra del Gobernador y nueve coacusados. Sin embargo, este archivo denominado indictment, es la forma en que se presentan la gran mayoría de las acusaciones penales en el sistema judicial estadounidense, salvo casos urgentes que inician con la declaración de un policía o agente.
La razón es que, en el sistema penal estadounidense, las pruebas se van desahogando ante la Corte, una vez iniciado el proceso, que tiene su culminación en el juicio oral con jurado, donde la Fiscalía tiene que exhibir toda la evidencia.
Respecto al Tratado de Extradición, sólo se requiere que Estados Unidos entregue datos escuetos sobre el delito, el acusado y la promesa de formalizar la petición de extradición 60 días después del arresto. No hacen falta pruebas, pues estas se deben anexar a la solicitud formal.
Dichas pruebas sólo deben ser suficientes para «para justificar el enjuiciamiento», no para probar que el acusado es culpable, pues eso corresponde a los tribunales del país requirente.
Pero la Presidenta Sheinbaum dio a entender que el asunto no se va a mover si no está probada la culpa del Gobernador, y se burló de fotografías de una supuesta narco nómina incluidas en el indictment.
«Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuestos sobornos o presuntos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención. Es una hoja de papel», afirmó.
«Tiene que haber pruebas contundentes. No es nada más que un dicho de una persona. Tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona», afirmó.
El indictment contra Rocha Moya, en su estructura y presentación, es casi idéntico a otros que México ha dado por buenos, entre ellos, el de 2020 en Brooklyn contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el de 2023 en Chicago contra Los Chapitos, los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Este último fue la base para la extradición de Ovidio Guzmán López, autorizada por México en octubre de 2023. El documento es una narrativa sobre las actividades del Cártel de Sinaloa entre 2008 y 2021, menciona varios decomisos de drogas y asesinatos, pero no anexa transcripciones de testimonios, ni documentos bancarios, inmobiliarios, aduanales o de ningún otro tipo.
Lo mismo con García Luna, detenido en Dallas en diciembre de 2019, y presentado cotidianamente por la 4T como ejemplo de corrupción en sexenios del PAN y del PRI.
El indictment es de solo doce cuartillas, y se limita a presentar a García Luna y sus subalternos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, como protectores del Cártel de Sinaloa desde 2001, sin dar nombres de testigos ni aportar otras evidencias concretas.
Por ejemplo, Cárdenas Palomino está preso en México desde 2021, sujeto a varios procesos, pero Estados Unidos puede pedir su extradición, y el indictment de 2020 sería la base para hacerlo.
