El desplazamiento forzado en Chihuahua creció 200% en los últimos cinco años, pasando de 500 personas registradas en 2021 a más de mil 500 en 2025, mientras que en una década, entre 2016 y 2026, al menos 11 mil 534 personas han sido expulsadas de sus lugares de origen, según el cruce de datos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y archivos periodísticos.
Guadalupe y Calvo es el municipio más golpeado por la violencia que obliga a familias enteras a abandonar sus casas, animales y tierras.
Aunque los casos se extienden a Madera, Moris, Uruachi y comunidades de Durango como Tamazula, en la zona del Triángulo Dorado, zona que concentra la mayoría de los eventos.
CASOS INCREMENTARON ENTRE 2021 Y 2023
El 13 de junio, un enfrentamiento entre dos grupos armados por la entrada de un nuevo cártel al Triángulo Dorado desplazó a tres comunidades ódami de Guadalupe y Calvo, específicamente de Milpillas de Abajo, La Arenosa y Arroyo Azul.
Ese año, organizaciones civiles que trabajan a favor de este sector de la población, calcularon 500 personas desplazadas en el estado, la mayoría en la Sierra Tarahumara.
Entre enero y junio de 2022, al menos 40 familias abandonaron San José del Rincón, Santo Domingo, Calabazas, El Tigre y Los Espinos, en Guadalupe y Calvo.
El balance anual documentó 61 eventos que afectaron a mil 703 personas en el estado.
En junio de 2023, 56 personas odamí, entre ellas 31 menores de edad, huyeron de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita, en Guadalupe y Calvo.
En diciembre, la Diócesis de la Tarahumara denunció agresiones directas en Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puerto Riyito.
Ese mismo mes fueron retiradas las bases militares en Portezuelo, dejando zonas desprotegidas.
La CEDH acreditó más de 350 víctimas de desplazamiento forzado y a nivel estatal fueron mil 032 personas ese año.
Durante 2024, la problemática fue más fuerte; hubo desplazamientos masivos en Guadalupe y Calvo. Abril marcó un punto de quiebre con el retiro de la base militar de San Juan Nepomuceno.
Para el 27 de agosto, habitantes de Cinco Llagas, El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Las Casas, Los Placeres, El Silverio y La Trampa denunciaron ataques armados, amenazas y expulsión de viviendas, incluyendo un homicidio en Las Casas.
En septiembre, al menos 500 personas huyeron de comunidades alrededor de Cinco Llagas por la disputa entre cárteles.
En diciembre, cientos de familias escaparon de la zona de Dolores por balaceras prolongadas y hubo confinamiento de 27 familias en Guadalupe y Calvo.
En total, el registro fue de mil 552 niñas, niños, adolescentes (NNAS), hombres y mujeres desplazadas en ocho eventos ocurridos sólo en el municipio de Guadalupe y Calvo.
La violencia logró extenderse hasta Madera, Moris y Uruachi en 2025, recién comenzó el año y 25 personas de El Pinito llegaron a Parral.
En junio, un enfrentamiento entre «Los Pumas/jaguares» y «La Línea» en Madera provocó el éxodo de al menos 120 personas.
Entre junio y julio, cerca de 10 comunidades indígenas de Moris y Uruachi salieron de sus territorios por ataques del grupo «Los Salazar», con explosivos lanzados con drones sobre viviendas; en esa ocasión, huyeron cerca de 300 indígenas, en su mayoría warijó y pima.
En agosto, en Ciénega de Rodríguez, Moris, un nuevo hecho violento orilló a 55 habitantes a pedir auxilio para abandonar la región.
LOS HECHOS MÁS RECIENTES
Del 18 al 27 de febrero de este año, cientos de habitantes de Atascaderos en Guadalupe y Calvo fueron atendidos en la colonia Sierra Azul de Chihuahua y en el DIF de Parral.
Un mes después, 200 de ellos regresaron acompañados de policías estatales y militares en un «retorno forzado» que organizaciones califican como uno de los hechos más graves, el cual derivó en la desaparición de una persona y el asesinato de otra.
A principios de mayo, 200 personas de Atascaderos/el Ocote huyeron hacia Parral, Chihuahua y Cuauhtémoc; a la par, llegaron decenas de desplazados a Parral desde la sierra de Durango, El Durazno, y otras zonas de Chihuahua.
También en mayo 368 personas de Tamazula, Durango, fueron a Hidalgo del Parral donde permanecieron 10 días antes de regresar con apoyo de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa (Sedena).
Del 29 de junio a inicios de julio, Cinco Llagas y comunidades aledañas —Otates, La Huerta, Mesa Coloradas, Laminita, El Cajoncito, Pie de la Cuesta, Placeres, El Duraznito, Casa Colorada— sufrieron ataques armados y explosivos lanzados desde drones.
Más de 150 personas huyeron: 83 llegaron a Baborigame entre miércoles y jueves, y otras 70 salieron caminando sin que hasta el momento, conozcan su paradero.
De igual manera, entre 450 y 500 habitantes quedaron atrapados sin alimentos en nueve comunidades durante más de dos semanas.
El desplazamiento forzado interno creció un 200% en cinco años: de 500 personas en 2021 a más de mil 500 en 2025.
Las organizaciones civiles advierten que la cifra podría llegar a 10 mil personas si contabilizan los pueblos y ejidos completamente abandonados.
Guadalupe y Calvo concentra la mayoría de casos y las comunidades más recurrentes son Cinco Llagas, Atascaderos, El Ocote, Llano Grande, San Gerónimo y Dolores.
Las víctimas han exigido en repetidas ocasiones la presencia permanente de fuerzas de seguridad y no sólo en operativos temporales, para poder volver a sus territorios en paz y con dignidad.
Organizaciones locales, nacionales e internacionales, han notado que las causas de estos eventos tienen que ver con el despojo de tierra y territorio con fines extractivos, megaproyectos, así como con el reclutamiento forzado, el asesinato de familiares y el control del territorio por parte de grupos criminales.
Los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas frente a actores que acechan sus territorios por la riqueza natural que reservan, explican los organismos derechomanistas.
El desplazamiento forzado interno (DFI) es cuando personas o familias tienen que huir de su casa, comunidad o tierra sin quererlo, para salvar su vida, su integridad o su libertad.
Destacaron que no se van por gusto: las expulsan la violencia, los conflictos armados, violaciones a derechos humanos o desastres.
