Washington y Nueva York. Debido a los resultados de sondeos que sugieren que los republicanos sufrirán derrotas significativas en las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentó demandas judiciales contra 30 estados por no responder a su exigencia de entregar al gobierno federal su padrón de votantes, amenazó con encarcelar a funcionarios de California y advirtió que si su partido no gana en Alaska y Minesota impedirá que los resultados sean contados y certificados.
Cuando le preguntaron si respetará los resultados de las elecciones de la próxima semana, el mandatario respondió: “lo haré si son honestas”.
Proviniendo del hombre que insiste en que le robaron su triunfo en la elección presidencial de 2020, a pesar de perder 60 casos ante tribunales y ser sometido a un proceso de destitución por la Cámara baja por intentar un golpe de Estado, sus palabras no resultan confortantes, pero han tenido un impacto. Siete de cada 10 estadunidenses no confían en que Trump aceptará los resultados si su partido pierde, según un sondeo de ABC News/Washington Post a principios de este mes.
En entrevistas con personas de diversos sectores –académicos, observadores, activistas, jubilados, trabajadores de la salud y maestros– en varios estados en las pasadas semanas, La Jornada escuchó esencialmente el mismo mensaje una y otra vez: “el (presidente) desplegará la Guardia Nacional para bloquear el conteo de votos o confiscará urnas si van perdiendo los republicanos”.
Las demandas judiciales no están funcionando para el mandatario. De 30 denuncias, 27 han sido descartadas por jueces; dos juzgadores de California han expresado escepticismo sobre las amenazas del gobierno federal de encarcelar a funcionarios locales si no entregan boletas de ciertos distritos al gobierno federal. Los estados de Alaska y Minesota han acudido ante tribunales para frenar el intento de la Casa Blanca de anular sufragios de sus residentes.
En Estados Unidos, las elecciones federales –legislativas y presidenciales– son administradas por los gobiernos estatales, cada uno con sus propias reglas y hasta su maquinaria.
En una entrevista con la revista Time el mes pasado, Trump rehusó descartar el envío de integrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a casillas en ciertos lugares. El uso de esos agentes, afirman agrupaciones de defensa del derechos electorales, es sembrar miedo y con ello suprimir el voto de aquellos que se sienten vulnerables.
“El resultado final, creemos, es intimidar a ciertas poblaciones para que no voten, incluidos ciudadanos naturalizados y comunidades de color”, comentó Kica Mators, presidenta del National Immigration Law Center al boletín Politico.
“Este es el pretexto que usan con el fin de preparar el terreno para que la gente piense dos veces si ir o no a votar”, enfatizó.
Estos esfuerzos no son nuevos. El Southwest Voter Registration Education Project (SVREP) ha interpuesto demandas judiciales contra los gobiernos de Texas y Arizona por purgar casi 100 mil votantes, la mayoría latinos, de sus padrones en la pasada década.
“En 2023, más de 19 entidades promulgaron 34 leyes para limitar el acceso al sufragio”, declara Lydia Camarillo, presidenta de SVREP, ante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.
En entrevista con La Jornada, señala que este año la mayoría republicana del Congreso de Texas redibujó cinco distritos para aumentar el número de legisladores federales republicanos de ese estado. Pero, agrega, las encuestas y el voto adelantado indican que ese esfuerzo podría fracasar, ya que la creciente ira de los votantes contra Trump parece estar impulsando una ola sin precedente de participación electoral.
La semana pasada, un juez federal en California falló que las acciones de interferencia electoral del presidente y su gobierno llevan a “un temor objetivamente razonable de encuentros con fuerzas de seguridad pública que intimidan a ciudades para instarlas a no ayudar a otros a ejercer su derecho al voto”. La Constitución declara que los comicios son organizados, conducidos y certificados por funcionarios dentro de cada estado, y son justo éstos los que ahora están bajo amenaza por el gobierno del republicano.
En Utah, la funcionaria republicana encargada de administrar la elección viaja ahora con un equipo de seguridad porque ha recibido amenazas de violencia sexual y hasta de muerte, reportó –entre otros ejemplos parecidos– la revista The New Yorker.
“Esta es la primera vez que hemos tenido que elaborar escenarios para salvaguardar (el derecho al voto) contra la potencial interferencia federal en las elecciones”, comentó Shenna Bellows, la secretaria de Estado de Maine, a The New York Times. “Parece como si ahora el gobierno federal es adversario de los estados”.
Aliados de Trump han escalado los esfuerzos de intimidación y siembra de dudas sobre el sistema electoral. “Casi 600 cuentas de medios sociales de derecha de alto perfil, pódcast y otros medios digitales han publicado más de 7 mil declaraciones cuestionando la integridad de la elección hasta la fecha este año”, reportó The Washington Post. Agregó que el sufragio “de no ciudadanos es raro, como también el fraude relacionado con boletas enviadas por correo”, es decir, no hay evidencia de las acusaciones generadas por el Ejecutivo. Pero el gobierno federal insiste y el Departamento de Justicia informó a Ap que planea su esfuerzo de monitoreo del voto más grande jamás implementado, con unos mil de sus empleados dedicados a observar la elección y asegurar que se cumplan las leyes federales.
Ya que Trump no descarta desplegar agentes del ICE en las casillas o declarar una emergencia nacional e invocar la antigua Ley de Insurrección para desplegar tropas con el fin de confiscar urnas y suprimir protestas, funcionarios electorales estatales y una red de ex oficiales federales –muchos que trabajaron en el Pentágono– están capacitando a trabajadores electorales y de casillas, y preparando a abogados para identificar interferencias federales ilegales y llevar casos ante tribunales para frenar al gobierno federal en su intento de confiscar boletas o bloquear la certificación del resultado.
La organización de derechos civiles NAACP, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de Ohio, y Common Cause reportan que están organizando a decenas de miles de personas para ser monitores de casillas que puedan reportar intentos de interferir con gente ejerciendo su derecho al voto o con el proceso electoral mismo. Una coalición religiosa reportó que han reclutado a más de mil 235 capellanes de casillas y de mantener la paz durante todo el día de la jornada comicial.
En un memorándum a funcionarios locales, la Asociación de Alcaldes Demócratas recordó a sus miembros que la ley federal prohíbe la presencia de agentes de inmigración, del FBI y personal de otras agencias de seguridad pública federales en las casillas.
“El temor es el punto y tenemos que hacer algo al respecto”, comentó Mary Corcoran, directora ejecutiva de Save America, un grupo formado por ex republicanos que se oponen a Trump. “Si no se le responde, el miedo hace el trabajo de mantener a la gente en casa (y no salir a votar) sin un solo agente federal presentándose frente una casilla”.
