La historia electoral del México posrevolucionario es muy rica e, infortunadamente, siempre marcada por el topillo tramposo, el agandalle infame, por mentiras y simulaciones cínicas de la clase política. Es un catálogo ingenioso de cómo burlar la ley y salirse con la suya.
Desde los tiempos del partido hegemónico que dispensaba migajas de poder a la oposición, con tal de apaciguarla y que no pidiese más, pasando por la apertura de la cámara de diputados a los plurinominales, las concertacesiones y la ciudadanización de los consejos hasta la declaratoria constitucional de que los partidos son entes de interés público y por tanto sujetos de financiamiento público, la negociación electoral usualmente ha sido tormentosa entre las diversas fuerzas.
Con ratones locos, carruseles, urnas embarazadas el PRI estiró los topillos y trampas electorales hasta que le resultó imposible y en la elección del 88 no tuvo más que tirar el sistema para imponer a Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia. Marcó así un antes y un después en los procesos electorales.
A partir de aquella elección fraudulenta vinieron las últimas reformas a las leyes electorales, ordenamientos en perpetuo cambio -a cada elección nueva legislación- aunque ordinariamente la pisotearan los mismos partidos y candidatos que la habían votado.
Para equilibrar la disparidad entre el partido del gobierno que tenía todo –era, literal, un partido de Estado- con la oposición, tras la elección del 88 el gobierno de Salinas se avino a “ciudadanizar” el órgano electoral y abrir los recursos públicos a todos los partidos, con reglas muy definidas que, para darles mayor fuerza, quedaron plantadas en el texto constitucional.
Así nació la era más dispendiosa en la política mexicana, con vastos recursos económicos para los partidos por que “más caro nos saldría la incertidumbre” argumentan los burócratas electorales. Esa condición que se mantiene hasta hoy, recuerde que prominentes empresarios han llegado a decir que en México el mejor negocio es crear un partido político.
Bajo esas leyes de falsa certeza se consolidaron cacicazgos aberrantes como el de Jorge González Torres y su hijo el “Niño Verde”, en el Partido Verde, Alberto Anaya en el Partido del Trabajo, Elba Esther Gordillo en Nueva Alianza, Dante Delgado en Movimiento Ciudadano y otros políticos parasitarios agrupados en el común denominador del dinero público y las plurinominales. El suyo ha sido un negocio familiar con dinero que pertenece a todos los mexicanos.
El sistema electoral quedó agotado, el desprestigio de dirigentes impresentables ha tocado fondo, siguen sostenidos en congresos estatales, cabildos y cámaras de senadores y diputados sólo por la complicidad entre ellos mismos y sus aliados mayores, PRI o PAN, también ambos alcanzados por la nueva realidad electoral del país, que los hizo acuerparse en uno sólo: el “PRIAN”.
No conozco al detalle la propuesta del diputado Sergio Gutiérrez (Morena) para reformar las leyes electorales. Hasta lo que he podido observar se trata de una reforma estructural y financiera, inspirada en la austeridad de la 4T. Propone reducir el financiamiento de los partidos políticos al cincuenta por ciento y adelgazar al Instituto Nacional Electoral, eliminando los organismos estatales y conjuntando direcciones generales, para reducir burocracia.
Estaría de acuerdo con esa reforma si no fuese por la perversidad que la motiva. Si nos vamos a la historia reciente encontraremos que todas las reformas electorales han sido impulsadas por la oposición. A tirones y con esfuerzo fueron logrando progresivas concesiones del partido dominante, hasta que consiguieron reducirlo y competir en igualdad de circunstancias.
Estamos muy lejos de un sistema electoral depurado y ecuánime, pero nadie puede dudar que emparejó el piso. La mejor muestra es que izquierdas y derechas han gobernador el país y si nos vamos al detalle en las entidades federativas, comprobaremos que hay presidentes municipales, gobernadores, diputados, síndicos de todos los partidos que han ganado sus elecciones.
Sin embargo la reforma de Morena tiene el avieso propósito de regresar a los tiempos del partido hegemónico, consolidar otro partido oficial. Por una parte López Obrador construye una plataforma electoral con los programas sociales, dotándola de cantidades alucinantes de dinero a distribuir entre la población más vulnerable y poniéndola al servicio de los candidatos de Morena en todo el país. Por otra Morena, su partido, propone reformas para ningunea el financiamiento a la oposición y debilita Instituto Nacional Electoral.
Pretextando una razón de austeridad, obviamente falsa, debilita la autonomía económica de los partidos, sabiendo que Morena tiene los programas federales al servicio de sus candidatos. Esa reforma no es más que un camino para consolidar el nuevo régimen.
Volveríamos hacia las elecciones anteriores al 88, cuando el monopolio de la política lo ejercía el PRI, hoy convertido en Morena. Si, el nuevo partido de estado y las fuerzas opositoras relegadas a condición de paria, esperando que el poderoso le aviente las migajas del poder. ¿Les suena la historia? Vayan recordándola, buena falta les hará.
