Al menos 51 audiencias en materia penal que llevan los juzgados federales en Ciudad Juárez han sido canceladas en seis días de suspensión de labores en protesta por la reforma judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió desde el inicio del paro a nivel nacional, el pasado 19 de agosto, lineamientos para definir qué audiencias atender, bajo los cuales se han desarrollado 33 en esta frontera.
En la circular 16/2024 del Consejo de la Judicatura Federal se precisa que “en los Centros de Justicia Penal Federal son urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculación a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición”.
Las audiencias que sí se han desarrollado en esta instancia en Ciudad Juárez han sido, precisamente, correspondientes a la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, libertad anticipada y libertad condicionada, mientras que las que han sido canceladas son para revisar condiciones u obligaciones impuestas, cómputo de la pena, juicios, e innominadas.
En materia civil, mercantil y laboral así como en amparos, personal del Poder Judicial de la Federación ha negado información sobre cuántos asuntos se han visto afectados y cuántos se han llevado en este período.
Carlos Rascón, del Tribunal Laboral, informó el 21 de agosto que en esta instancia se llevan alrededor de tres audiencias diarias, por lo que la afectación al corte de esta edición asciende a 12 casos, considerando sólo los días hábiles.
La misma circular de la Judicatura considera para los Centros de Justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de Ejecución como asuntos urgentes aquellos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, gestiones previas a la inminente compurgación de la pena, beneficios preliberacionales, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento, segregación y tortura, y para los Juzgados de Distrito órdenes de arresto, actos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, lo relacionado con personas migrantes o asuntos en que pueda ponerse en riesgo el suministro de servicios básicos.
