Chihuahua— La lucha por control de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dependiente del Congreso local, detonó ayer en una pugna directa entre dos auditores designados por los diputados para diferentes tiempos de mandato.
Se trata de Armando Valenzuela Beltrán e Ignacio Rodríguez Bejarano. El primero fue nombrado en febrero pasado como provisional, cuando renunció de Jesús Manuel Esparza Flores; el segundo obtuvo el aval el 6 de abril pasado para un plazo de 7 años, nombramiento otorgado por el contreso local y vetado por el Poder Ejecutivo.
El 7 de Abril, Rodríguez asumió el cargo ante las oficinas y el personal, en medio de señalamientos públicos por la presunta ilegalidad de su nombramiento, por no cumplir con los requisitos de ley para el puesto.
En este sentido, y tras casi dos semanas y media de esa situación, ayer estuvo Armando Valenzuela en las oficinas de la Auditoría, e impidió el acceso de Rodríguez Bejarano al edificio. Su argumento se centró en que legalmente él es el único con una designación publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La ASE precisó en un boletín de prensa que “con el propósito de restablecer el orden jurídico y legal dentro de la Auditoría Superior del Estado, el encargado del despacho, C.P. Armando Valenzuela Beltrán, retomó legítimamente el control de la misma, para evitar que se siguieran cometiendo actos ilícitos que dañan a la institución, a los tres poderes del estado, y a la sociedad en general”.
En el documento se indicó que el decreto 0273/2017 del Poder Legislativo, correspondiente a la designación de Valenzuela, es el único vigente.
“En el caso del C.P. Ignacio Rodríguez Bejarano, su nombramiento fue devuelto y no ha sido publicado en el Periódico Oficial y por lo tanto no hay decreto constitucional, a causa de las observaciones al decreto legislativo LXV/NOMBR/0308/2017 II P.O., o veto, realizado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal”, subraya el comunicado de la Auditoría.
Ante ello se precisa que Rodríguez no puede ostentarse como titular de dicho organismo técnico del Congreso del Estado. “pues el nombramiento realizado por el H. Congreso del Estado, no ha sido legitimado con su publicación en el Periódico Oficial, a causa del citado veto, y por ende no ha concluido el proceso legal que se requiere para adjudicarse dicho nombramiento”, reitera el escrito.
