Antonio Tarek Abdalá, extesorero del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa podrá ser juzgado en septiembre de 2018, cuando termina la legislatura federal, pues el fuero lo protege.
Adicionalmente, el diputado federal priista cuenta con un amparo contra el juicio de desafuero promovido por la Fiscalía General de Veracruz.
Esto implica que la acción penal que se pretende ejercer en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad se encuentra interrumpida por el tiempo que dure su encargo como diputado federal y que la Fiscalía Estatal puede continuar con sus investigaciones y ejercer acción penal en contra del servidor público cuando éste termine su función pública”, precisa el documento de análisis.
Otro argumento de la defensa para solicitar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que determine improcedente la solicitud de desafuero presentada es que la acusación está sustentada en hechos sobre los que no tiene competencia para conocer.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, acusa a Abdalá de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos por hasta 23 mil 156 millones de pesos.
Argumentan que es imposible sujetar al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, hoy preso en Guatemala, a un juicio de declaración de procedencia, porque en este proceso “jamás se ha investigado la comisión de un delito cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones en materia estatal”.
En el último apartado del primer alegato se le solicita a la Sección Instructora que determine improcedente la solicitud de desafuero, presentada por la Fiscalía General de Veracruz, porque está sustentada en hechos sobre los que no tiene competencia.
Las carpetas de investigación C.I. FESP/385/2016/I-11 y C.I. FESP/386/2016/I-11, iniciadas el día 7 de noviembre de 2016 afectan directamente a la Hacienda Pública Federal, por lo que la autoridad competente para denunciar dichos ilícitos sería, en todo caso, la Auditoría Superior de la Federación, y el órgano investigador competente para conocerlos sería la Procuraduría General de la República”, refiere el análisis.
Adicionalmente, la defensa reviró que los hechos materia de dichas carpetas de investigación están siendo investigados en averiguaciones previas por la PGR, por lo que, en caso de que la Fiscalía de Veracruz continúe con sus investigaciones, estaría violando el principio de prohibición de doble juzgamiento, en perjuicio de Abdalá Saad.
La defensa acusó que aunque la Constitución de Veracruz se reformó para darle autonomía del Ejecutivo estatal, que permitiera realizar investigaciones imparciales y objetivas, el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, estaría usándola como una Procuraduría a su cargo, persiguiendo a todos aquellos servidores públicos que desempeñaron alguna función bajo la administración de Javier Duarte.
En tales términos, la Sección Instructora, al rendir el dictamen correspondiente, debe determinar que no se debe proceder penalmente en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad ya que las imputaciones que se le atribuyen no sólo no están debidamente sustentadas, sino que se encuentran basadas en motivaciones políticas”, subraya el argumento jurídico entregado en San Lázaro.
