Las reformas al sistema de seguridad nacional llevaron a los dos polos ideológicos del país a un choque frontal en el que pusieron al centro la seguridad y libertad de los ciudadanos: el oficialismo defendió la necesidad de fortalecer las actividades de inteligencia contra el crimen y la oposición acusó que se abrió la puerta al espionaje interno sin candados.
Pero es que nadie debe llamarse sorprendido. En octubre del año pasado el gobierno de la República reveló los cuatro ejes de su estrategia de seguridad y uno de esos ejes era construir un sistema de inteligencia robusto con un solo ente que concentre la inteligencia de todos los cuerpos de seguridad; necesitaban un marco legal… y lo lograron.
Y tras este periodo extraordinario, esos cuatro ejes de la estrategia de seguridad nacional ya tienen forma:
Las casas como son
En diversas regiones del país se desarrollan acciones para atender causas que han generado la inseguridad y violencia, la Guardia Nacional cuenta con la ley que la regula como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay un marco legal que fortalece las acciones de inteligencia y la coordinación absoluta entre las 32 entidades.
Aunque fuentes del gabinete de seguridad nacional me dicen que los gobiernos estatales están dispuestos a apoyar la implementación de esta nueva legislación, en sectores de oposición, como fue público, se advierte el riesgo de que el gobierno use la nueva legislación como herramienta para espiar, sin orden judicial, a sus adversarios.
Hay otros elementos cuestionados a los que históricamente la oposición -de cualquier espectro político, incluso la izquierda en su momento- siempre se opuso: que toda la información biométrica de un ciudadano quede en manos del gobierno (hoy a través de una CURP digital), que se suspendan transmisiones web, o tener acceso al padrón del INE.
Aunque suene ingenuo, me comentan las fuentes consultadas, el uso de las 7 leyes modificadas tienen un sólido control no solo en el Poder Judicial sino en la ética, por eso la importancia de la formación de las nuevas generaciones de policías, que también forman parte de la estrategia de seguridad nacional.
En México nadie se puede oponer a combatir la inseguridad. Llama la atención que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto el PRI presentó una batería de reformas para fortalecer las actividades de inteligencia a la que los líderes de Morena se opusieron con vehemencia pero hoy fue al revés. La aplanadora morenista planchó a un aguerrido tricolor.
Así, la Defensa Nacional, la Marina Armada, la Guardia Nacional, la UIF, la CNI, las fiscalías de la República y estatales tienen ya las herramientas para compartir sus investigaciones y la Subsecretaría de Inteligencia ya tiene dientes. Exacto: Dependerá de la voluntad y liderazgo en el área de seguridad para garantizar el uso profesional, ético y firme de la nueva norma.
En Palacio Nacional tienen claro que se ha roto con la estrategia de seguridad del anterior sexenio y la apuesta firme es consolidar un gran cuerpo de inteligencia del Estado Mexicano con capacidades jurídicas, tecnológicas y operativas para dar golpes quirúrgicos que lleven al abatimiento de los grandes cárteles y reduzcan la delincuencia común.
En Palacio Nacional sostienen que, en la estrategia de la administración Sheinbaum, las actividades de inteligencia no son del gobierno federal, son del Estado Mexicano y que no se trata sólo de tener el control de todas las fuentes de inteligencia y contrainteligencia, sino de combatir con efectividad a la criminalidad para devolver la paz a las y los mexicanos.
Pero las tentaciones estarán ahí.
RADAR
Desde tierras guerrerenses nos hacen notar que Guerrero registra en 2025 su mejor posición en una década en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al ubicarse en el lugar 28 nacional en feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hablemos con datos: este resultado contrasta con datos de años anteriores, como 2018, cuando la entidad alcanzó su peor registro al colocarse en el lugar 12 nacional con 35 feminicidios.
Un análisis de la serie 2015–2025 muestra que los avances más consistentes se han registrado entre 2021 y 2025, periodo en el que las acciones y programas promovidos por la gobernadora Evelyn Salgado e impulsados desde el Gobierno del Estado han generado una reducción sostenida de los casos, con cifras anuales que se han mantenido entre 14 y 18.
Además del feminicidio, nos dicen, Guerrero ha registrado mejoras relevantes en otros delitos contra las mujeres, de acuerdo con datos federales actualizados: Lugar 24 en violación, lugar 26 en violencia familiar, lugar 18 en lesiones dolosas contra mujeres y lugar 8 en homicidio doloso de mujeres.
