La empresa tecnológica OpenAI enfrenta una investigación para determinar si su tecnología de inteligencia artificial jugó un papel en el asesinato de dos personas en un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) el año pasado.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo ayer que su despacho investiga el posible uso de ChatGPT por un hombre acusado de haberles disparado a varias personas en el campus universitario de Tallahassee.
“Si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el fiscal del estado de Florida, Estados Unidos, James Uthmeier.
El principal sospechoso es Phoenix Ikner, estudiante de la FSU, quien actualmente está a la espera de su juicio.
Según Uthmeier, los intercambios analizados mostraron que el Ikner “describió su plan” de ataque a ChatGPT.
En particular, preguntó a la interfaz cómo suscitar el interés de los medios nacionales por su acción, y “ChatGPT le proporcionó un análisis”, precisó.
Como forman parte integral de la investigación, las autoridades no han hecho públicos los detalles de los mensajes que intercambiaron el atacante y el chat.
La acusación fue rechazada por OpenAI, que replicó que “ChatGPT solo dio respuestas factuales a preguntas sobre información que se puede encontrar en fuentes públicas en Internet y no alentó ni promovió actividades ilegales o perjudiciales”.
Un portavoz de la compañía añadió que coopera con las autoridades y “compartió proactivamente” información sobre “una cuenta de ChatGPT que se cree que está vinculada al sospechoso”.
Sin embargo, Uthmeier reiteró que el chatbot le facilitó información específica al tirador como el tipo de armamento y las municiones que debería usar, así como detalles sobre cuándo habría mayor afluencia en el campus.
Agregó que, según la legislación de Florida, cualquier persona que “ayude, incite o aconseje a otra” a intentar o cometer un delito se considera “coautor” del delito.
Si bien no se le puede considerar a ChatGPT una persona, el fiscal floridiano dijo que su equipo necesita determinar la “culpabilidad penal” de la compañía detrás del bot.
La acusación penal de una persona jurídica está prevista por el derecho estadunidense, pero Uthmeier, nombrado por el gobernador republicano Ron DeSantis, reconoció que “con la IA, nos adentramos en terreno desconocido”.
El fiscal general remitió a OpenAI una solicitud de documentos, en particular sobre su normativa interna y sus métodos de supervisión de los modelos de IA.
Aunque esta es la primera vez que OpenAI está bajo investigación penal por el supuesto uso de su chatbot por una persona que después cometió un crimen, la compañía ya se enfrenta a otra demanda por un incidente similar ocurrido en Canadá.
Se han reportado múltiples casos, que incluyen asesinatos, crímenes violentos y suicidios, que aparentemente implicaron algún uso de inteligencia artificial, de los cuales varios están siendo asociados a OpenAI.
