Mientras los partidos políticos aceleran sus procesos internos para perfilar a quienes eventualmente serán sus candidatos en las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa sin definir las reglas con las que pretende fiscalizar esas actividades y prevenir actos anticipados de campaña.
Desde marzo, el Consejo General ha pospuesto en varias ocasiones la discusión de los lineamientos que permitirían supervisar los procesos internos de los partidos, monitorear la propaganda de los aspirantes y obligarlos a reportar gastos y eventos.
La propuesta más reciente, presentada por el consejero Jorge Montaño, fue retirada de la sesión del pasado 23 de julio y el organismo entró después en un receso vacacional de 15 días sin resolver el tema.
Los lineamientos pospuestos planteaban comenzar de inmediato con la fiscalización de los procesos internos de los partidos y a cada uno de los aspirantes, que estarían obligados a reportar sus gastos y eventos; además sería monitoreado todo tipo de propaganda, entre muchas otras medidas encaminadas a evitar la falta de equidad en la contienda del 2027 por actos adelantados.
Aunque se advirtió la pérdida de tiempo por parte del Instituto por retrasar la emisión de los lineamientos de fiscalización, no se atendió la alerta.
Durante la sesión pasada los consejeros Arturo Castillo y Carla Humphrey cuestionaron que el proceso electoral federal y los comicios en varias entidades arranquen el próximo 10 de septiembre sin que el Instituto haya definido las reglas para regular los actos anticipados de campaña.
«Justamente debimos haber emitido desde hace meses lineamientos para vigilar algo que está sucediendo y es evidente para todo mundo, no ha sucedido. Yo lo advertí desde finales de marzo, no ha sucedido, seguiremos entonces en este impasse hasta que se tome una decisión distinta», dijo el consejero Castillo.
Mientras tanto, partidos avanzan en procesos internos para elegir a «coordinadores» estatales, quienes más tarde serán los candidatos a las 17 gubernaturas a disputarse en 2027.
Por ejemplo, los que no pierden tiempo son los aspirantes de la coalición oficialista de Morena, PT y PVEM con pintas de bardas, despliegue de lonas y organización de «Asambleas Informativas para la Defensa de la Transformación», tanto entre semana como sábado y domingo.
Lo único que limita a los aspirantes de la 4T y otros partidos es el llamado al voto. La instrucción que ha recibido todo aquél que busca una candidatura antes del inicio formal de las campañas, lo que ocurrirá hasta abril del próximo año, es no pedir apoyo para ellos o su partido, con lo que salvarían sanciones de actos anticipados de campaña.
En Guerrero, de los 17 aspirantes, las más activas son Beatriz Mojica, de Morena, y Karen Castrejón, de PVEM.
Sin embargo, el protagonista del proceso en Guerrero es el senador Félix Salgado, padre de la Gobernadora Evelyn Salgado, y quien aspiraba a sucederla en el cargo.
Aunque quedó fuera por la prohibición de nepotismo en la sucesión de cargos de elección popular, Salgado utiliza el arrastre que tiene entre la población para encabezar las asambleas informativas y promover al partido, además de que morenistas locales aseguran que el futuro candidato tendrá que pasar «por el visto bueno» del padre de la Gobernadora.
En Chihuahua miden fuerzas la senadora con licencia, Andrea Chávez, y el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien ahora es impulsado por el PVEM como la mejor opción para la entidad.
Desde hace más de un año, Chávez ha sido sancionada por el Instituto Electoral de Chihuahua por el despliegue de propaganda personalizada, a través de unidades médicas que llevaban su nombre e imagen, y consultorios también promovidos por ella, sin que se conozca el origen de recursos utilizados para su promoción.
En Baja California Sur pelean por el cargo de coordinadores el diputado Manuel Cota, que representa al PVEM, y Christian Agúndez, Alcalde con licencia de Los Cabos, quien cuenta con el apoyo del PT.
En Aguascalientes, la senadora con licencia Nora Ruvalcaba prácticamente cabalga sola para repetir en la candidatura, pero aún así ya hace labor de promoción entre la militancia.
Santiago Nieto, en Querétaro, se promueve en redes sociales con entrevistas sobre la necesidad de una alternancia en esa entidad.
Aunque su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey, es una de las que apoyan la emisión de los lineamientos para evitar actos anticipados de campaña, Nieto es uno más de los aspirantes que tiene reuniones con diferentes sectores de Morena y PT para conseguir apoyos, encuentros que no tienen ningún tipo de fiscalización.
En Baja California, la disputa por la candidatura morenista se centra entre la senadora Julieta Ramírez y el Alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño.
En los municipios del estado proliferan bardas que dice «Aquí estamos contigo Julieta Ramírez» o «Que sea Julieta».
Burgueño se ha identificado con bardas que aluden a su aspiración a ser «coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación» o con la frase «Segundo piso de la cuarta transformación».
En Nuevo León también hay disputa por las bardas.
Mientras al senador por PVEM Waldo Fernández le han aplicado medidas cautelares por presunta promoción anticipada en bardas, lonas y revistas, el PAN no se ha quedado atrás en la promoción del partido en la entidad, con frases como «Juntos más fuertes», lo que le ha valido denuncias de MC por posibles actos adelantados.
Pero también MC ha sido denunciado por Morena por pinta ilegal de bardas con las que se promociona a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, y quien aspira a sucederlo en el cargo.
