Quito. Familiares de pescadores ecuatorianos protestaron este jueves frente a la Capitanía del Puerto de la ciudad de Manta, para exigir conocer el paradero de los 39 tripulantes de dos buques interceptados en altamar por fuerzas estadunidenses por supuestamente tener vínculos con narcotraficantes.
Decenas de personas cerraron momentáneamente la vía aledaña para pedir ser escuchados, mientras agentes policiales intentaban contenerlos.
Se trata de familiares de 17 pescadores del barco pesquero “Conquista 2”, que fue interceptado y hundido la víspera, y de 22 pescadores del barco “OM2”, al que se aplicó una operación similar esta tarde.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó ayer y hoy en su red social X que interceptó y hundió dos embarcación, cuyo nombre no identificó, y argumentó que apoyaban “operaciones ilícitas de tráfico de drogas” en aguas internacionales sin pruebas, ni fundamentos que sostengan dicha versión.
En ambos casos, el Comando Sur indicó que los navíos apoyaban a la banda criminal “Los Choneros”, una de las más grandes y violentas de Ecuador, a la que el año pasado designó como organización terrorista extranjera.
En respuesta a una consulta de The Associated Press, la oficina de prensa del Comando Sur confirmó en un correo electrónico que “todos los tripulantes fueron evacuados del buque y serán trasladados de forma segura a las autoridades ecuatorianas”.
El gobierno de Ecuador no ha emitido comentarios ni ha informado hasta el momento sobre la ubicación de los pescadores. Los familiares, abogados defensores y activistas por los derechos humanos desmintieron que los pescadores realizaran actividades ilegales.
“No hay respuesta de nada, no sabemos dónde están”, dijo a la AP Rosalba Castro, cuyo hijastro, cuñado y dos trabajadores estaban en el “Conquista 2”, el cual zarpó ocho días antes desde el puerto de Manta, 197 kilómetros al suroeste de Quito.
El buque cuenta con autorización para zarpar desde hace ocho años, agregó Castro. “Ese barco no hacía nada ilícito; somos pescadores artesanales”, enfatizó.
Fabricio Cevallos, abogado de los familiares de los tripulantes del “OM2”, reprochó ante la prensa que “la Armada, que es custodio de nuestro mar, desconozca los procedimientos” que establece la ley ecuatoriana. “En el peor de los casos … todo delito debe ser probado”, resaltó.
Estos casos se suman a los de otras tres embarcaciones, cuyos tripulantes aseguran haber sido interceptados por fuerzas de seguridad estadunidenses este año. En el caso del Fiorella, ocho pescadores no han aparecido desde inicios de año. Los otros volvieron al país tras ser entregados a El Salvador.
Dada la naturaleza de los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, las autoridades locales “están en la obligación de, en 24 horas, poner en conocimiento del Fiscal y dar información a familiares sobre el procedimiento que se aplicó”, declaró a la AP Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Al no haberlo hecho se configuraría “la desaparición forzada en custodia del Estado”, agregó, y adelantó que presentó la denuncia ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
