Por su parte, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros afirmó que esta medida refleja el compromiso con la ciudadanía, asegurando que permitirá que las investigaciones avancen sin violar los derechos humanos.
En contra:
El diputado del PRI, Omar García, expresó su preocupación al considerar que la reforma criminaliza la pobreza y vulnera los derechos humanos, ya que ninguna persona debería ser considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad.
Por su lado, el panista Ricardo Rubio calificó la reforma como regresiva y señaló que su propósito podría ser el encarcelamiento de opositores, algo que calificó de autoritario. Rubio también criticó que, aunque el senador morenista Ricardo Monreal presentó reservas para excluir ciertos delitos como la defraudación fiscal, estas no prosperaron.
Finalmente, la diputada panista Olivia Garza advirtió que la reforma podría tener efectos adversos, como el aumento de la población carcelaria con personas acusadas de delitos menores, lo que podría contribuir a la profesionalización de delincuentes dentro de las prisiones y, eventualmente, fortalecer al narcotráfico.
Contexto nacional
Esta reforma se da en el marco de un endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno federal, particularmente en torno al combate contra el crimen organizado y delitos de alto impacto. Sin embargo, los críticos han señalado que podría generar mayores tensiones en el sistema de justicia y afectar a sectores vulnerables de la población.
