Saint Paul, Minnesota— El Departamento de Justicia ha identificado a 384 estadounidenses nacidos en el extranjero a quienes quiere revocarles la ciudadanía, en el marco de una iniciativa para acelerar el ritmo de las desnaturalizaciones mediante la asignación de los casos a fiscales en decenas de oficinas de fiscales de Estados Unidos en todo el país.
Altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington informaron a sus colegas durante una reunión la semana pasada que litigantes civiles en 39 oficinas regionales serían asignados en breve para presentar casos de desnaturalización contra esas personas, según un funcionario familiarizado con el anuncio que no estaba autorizado a describirlo públicamente.
Dos personas al tanto de los planes confirmaron el esfuerzo más amplio para incrementar las desnaturalizaciones. No quedó claro qué llevó al departamento a señalar a esas 384 personas.
Según la legislación federal, el Gobierno puede solicitar a un tribunal que revoque la ciudadanía de personas que la obtuvieron de manera fraudulenta –por ejemplo, mediante un matrimonio ficticio o al ocultar información sobre su pasado que las habría hecho inelegibles.
Algunas personas que cometen delitos también pueden ser desnaturalizadas. El Gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal a través de un proceso civil o penal, lo que hace que el procedimiento sea complejo y lento.
Tradicionalmente, los expertos de la Oficina de Litigios de Inmigración del departamento han manejado los casos de desnaturalización. Pero el esfuerzo por reclutar a fiscales ordinarios para tramitar estos casos podría provocar un aumento en las desnaturalizaciones, que han sido infrecuentes en las últimas décadas.
Esto ocurre además apenas meses después de que funcionarios de la Administración Trump ordenaran a empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) remitir más de 200 casos de desnaturalización al mes al Departamento de Justicia.
Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que los funcionarios estaban “tramitando el mayor volumen de remisiones de desnaturalización en la historia” por parte del DHS.
“El Departamento de Justicia está completamente enfocado en erradicar a los extranjeros criminales que defraudan el proceso de naturalización”, añadió.
“El fraude en la ciudadanía es un delito grave; cualquiera que haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño será llevado ante la justicia”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.
La ofensiva indica que la Administración Trump tiene la intención de cumplir su plan de acelerar el ritmo de las desnaturalizaciones como parte de su campaña contra la inmigración. La medida probablemente atemorizará a muchos inmigrantes naturalizados en un contexto en el que la Administración Trump ha buscado restringir la inmigración en todos los frentes y se ha expresado con desdén sobre los migrantes de ciertos países.
“El mensaje que envía es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos y estabilidad que los ciudadanos nacidos en el país”, dijo Amanda Frost, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia. “El Gobierno ha usado este poder en el pasado para atacar a personas que considera sus opositores políticos”.
Entre 2017 y finales del año pasado, el Gobierno buscó revocar la ciudadanía de poco más de 120 estadounidenses naturalizados. Dichos casos eran mucho menos frecuentes antes de que el presidente Donald Trump fuera elegido por primera vez, dijo Frost, quien ha escrito sobre la historia de la desnaturalización. Entre 1990 y 2017, el Gobierno presentó 305 casos de desnaturalización, un promedio de 11 por año.
Las personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses son objeto de una exhaustiva verificación de antecedentes. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos y responder preguntas amplias sobre su historial de viajes, sus roces con la ley y sus vínculos con el Partido Comunista.
Algunos califican a través del matrimonio con ciudadanos estadounidenses después de tres años. Otros son elegibles tras haber tenido tarjetas de residencia permanente durante al menos cinco años. Los pasos finales del proceso de naturalización incluyen aprobar exámenes de civismo e inglés.
Ha habido casos de fraude. En 2017, el inspector general del DHS señaló en un informe que una iniciativa para digitalizar huellas dactilares recopiladas en papel en casos de inmigración antiguos reveló que más de 800 inmigrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense pese a haber sido deportados previamente bajo un nombre diferente.
En 2024, más de 818,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, según datos federales.
Los ciudadanos naturalizados gozan de casi todos los derechos y responsabilidades de los ciudadanos nacidos en el país –una excepción notable es que los ciudadanos nacidos en el extranjero no pueden postularse a la presidencia–. Por ello, el listón para revocar la ciudadanía de alguien es muy alto.
“Para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje el asunto en duda”, señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
Durante la reunión de la semana pasada, Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva para los Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas identificadas para la desnaturalización como “la primera oleada de casos” que el Gobierno tenía intención de tramitar.
Hakes reconoció que varias divisiones civiles en las oficinas de fiscales de Estados Unidos están escasas de personal y tienen dificultades para hacer frente a una avalancha de demandas presentadas por inmigrantes que impugnan la legalidad de sus detenciones.
“Espero que estos casos no representen una carga adicional demasiado grande”, dijo Hakes a sus colegas, añadiendo que impulsar los casos de desnaturalización era una “iniciativa de la Casa Blanca”.
Jackson afirmó que “esto no es una iniciativa de la Casa Blanca, es la ley federal”.
Convertir los casos de desnaturalización en una parte central del trabajo de las divisiones civiles en las oficinas de los fiscales de Estados Unidos implica desviar recursos de los tipos de casos que sus litigantes han priorizado históricamente, entre ellos el fraude en el sector de la salud, el fraude en contrataciones públicas, la aplicación de las leyes de derechos civiles y los casos de confiscación de bienes.
