La defensa del empresario Eduardo Almeida informó que logró la no vinculación a proceso, destacando que una expresión de enojo, por incómoda que resulte para un político, no amerita un proceso penal ni la activación del aparato del Estado. La acusación contra Almeida fue realizada por el exgobernador Javier Corral, ya que lo increpó en el aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua en marzo del año pasado.
Añadió que con esto es confirmado lo que era evidente, “el senador Javier Corral pretendió convertir un berrinche personal en un asunto penal, utilizando su posición política y el respaldo institucional que hoy le brinda ser senador”, destacó.
«Durante la audiencia quedó en evidencia la desproporción y debilidad del caso: para sostener su denuncia, el senador recurrió al uso de peritos especializados e incluso a la intervención de una psicóloga, como si una expresión verbal de enojo representara un daño de gravedad suficiente para justificar la persecución de un ciudadano”, enfatizó.
Indicó que derivado de las diligencias practicadas en audiencia, quedó en evidencia la existencia de dos distintas Claves Única de Registro de Población, las CUALESSONCOJJ660802HNERRV03 y COJJ660802HCHRRV02, resultando la conducta ilícita en obtener el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua con una identidad diversa con la que obtuvo el actual cargo de senador.
Puntualizando que una de las citadas claves, corresponde a hombre nacido en el extranjero y la diversa a un hombre nacido en México.
En ese sentido, la defensa señaló que alguna de las dos autoridades habría sido inducida al error mediante el uso de documentos oficiales, situación que podría configurar elementos constitutivos de delitos no sólo en México, sino también en los Estados Unidos.
“No es doble nacionalidad lo que quedó al descubierto, como tampoco así un tema de doble identidad, sino el uso a discreción de los citados documentos por parte de Corral, proporcionando documentos e información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía haciendo uso indebido del documento que acredita dicha ciudadanía; circunstancia que deberá ser analizada por las autoridades competentes”, apuntó la defensa.
“La Fiscalía General de la República (FGE) destinó tiempo, recursos y personal, y se ocuparon salas del Poder Judicial para perseguir a un ciudadano por una mentada de madre, mientras el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia”, añadió la defensa a través de un escrito.
“Desde la defensa lamentamos profundamente que un senador haya usado su fuero, sus influencias políticas y su acceso a las instituciones para distraer recursos públicos que deberían estar enfocados en combatir al crimen organizado, buscar a personas desaparecidas, atender a las madres buscadoras y garantizar justicia a las víctimas de feminicidio y secuestro”, concluyó el abogado defensor César Guadarrama.
