Cuando usted llega a la caja del supermercado o al puesto del tianguis y paga por un kilo de cebollas o un par de aguacates, el ticket no refleja el llamado «impuesto del miedo», un concepto que tiene que ver con cobro de piso, más gastos por seguridad para proteger las mercancías o mayores costos por pólizas de seguro.
Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), reportes del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM y testimonios directos de las zonas de mayor asedio criminal, los costos pueden llegar a encarecer los alimentos básicos entre un 10% y un 20%, en promedio.
En Veracruz, el principal productor de cítricos del país, la rentabilidad ya no depende del clima, sino de la cuota. Producir un kilo de limón o naranja implica pagar un “derecho de piso” de hasta 4 pesos por kilo. En regiones como Martínez de la Torre y Álamo, la delincuencia ha perfeccionado su esquema: no sólo cobran por la fruta que sale, sino que han tomado el control de la venta de fertilizantes, forzando un sobreprecio del 20% a los campesinos.
“Ya no es una amenaza de vez en cuando, es una administración criminal”, confiesa Miguel, un campesino de Álamo que ha visto cómo sus vecinos prefieren emigrar a Canadá antes que trabajar para los grupos delictivos.
En el primer trimestre de 2026, ocho productores fueron asesinados en la región tras negarse a pagar estas cuotas. Además, las rutas logísticas como el tramo Veracruz-Puebla se han vuelto zonas de alerta máxima, elevando los costos de transporte un 30% debido a la inseguridad.
En los litorales de Baja California Sur, el impuesto criminal ha mutado hacia una forma de proveeduría forzada. Debido a la nula vigilancia federal en las costas del norte del estado, células delictivas se dedican a la extracción y comercialización de pescados y mariscos, compitiendo de manera desleal con las cooperativas legales.
En destinos turísticos, los restauranteros son “invitados” por estos grupos a consumir exclusivamente sus productos. Aunque la coacción se presenta bajo el barniz de “llevar la fiesta en paz”, la realidad es que el empresario local se ve obligado a aceptar a estos nuevos proveedores minoristas para evitar represalias.
El caso del aguacate michoacano es quizá el más documentado: la extorsión ha encarecido su precio en un 133 por ciento. Expertos detallan que los productores deben pagar cuotas basadas en el peso del producto comercializado y son obligados a comprar combustible exclusivamente en gasolineras controladas por criminales.
El limón enfrenta una crisis similar. El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder citricultor, puso de relieve la estructura de cobro que oscila entre 1 y 4 pesos por kilo. Si producir un kilo cuesta 7 pesos y se vende a 9, la cuota criminal deja al dueño de la huerta sin margen alguno, obligándolo en ocasiones a detener el corte y dejar que la fruta se pudra.
Carne y granos: El «socio» forzoso
El impuesto del miedo no distingue sectores. En Zacatecas, Durango y Jalisco, el crimen organizado se ha sentado a la mesa como un socio forzoso en la ganadería, cobrando entre 4,000 y 5,000 pesos por cada cabeza de ganado, de acuerdo con Juan Carlos Anaya, director de GCMA.
En Tamaulipas, los pescadores de la costa relatan bajo el anonimato que hombres con “botas exóticas y sombrero” les imponen un pago de 5 pesos por cada kilo de pescado o langostino extraído, mermando directamente el ingreso del productor.
El ganado forrajero cada vez es más acosado por el crimen.Especial
Tamaulipas: Extorsión diferenciada por municipio
La aplicación de esta extorsión no es uniforme; varía según el municipio:
Matamoros: El cobro se realiza a quienes acuden a surtirse de producto para llevarlo fuera de la ciudad. Comerciantes reportan pagos de 500 pesos por camión para poder salir con la mercancía.
San Fernando: El pago lo absorben los grandes compradores foráneos de la Ciudad de México. El pago es por kilo, bajo la consigna de que necesitan «llegar sin problemas a la capital».Carreteras: 16 mil atracos y seguros impagables
El “impuesto del miedo” se cobra con especial violencia en las carreteras. Durante 2025 se registraron más de 16,000 atracos al autotransporte, con pérdidas por 7,000 millones de pesos, afectando principalmente alimentos, electrónicos y materiales de construcción.
Según el diputado federal Armando Tejeda Cid, los costos de aseguramiento en México son de los más altos de la región por el riesgo extremo. La AMIS ha registrado aumentos considerables en las primas de seguros; en corredores como el México-Puebla-Veracruz, las aseguradoras aplican sobretasas o rechazan la cobertura por completo.
A esto se suma el incremento en costos operativos legales: el diésel ronda los 28 pesos por litro y las tarifas de casetas de Capufe subieron hasta un 24.4% en rutas clave en abril de 2026.
