Chihuahua.- Al menos mil 100 familias de la capital del estado están en riesgo de perder su patrimonio por juicios que sostienen en contra de la hipotecaria “miCasita”, que ayer ejecutó cuatro órdenes de desalojo en domicilios de la ciudad, uno de éstos en la colonia Villas del Rey con el apoyo de la fuerza pública e ingresó a la vivienda, rompiendo cerraduras.
Por tal motivo, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, presentará un exhorto en la próxima sesión de la diputación permanente para exigir al Estado se abstenga de apoyar ese tipo de acciones y al gobierno federal para que haga una revisión profunda de la cartera vencida de “miCasita”, adquirida por una fiduciaria federal.
Una de las familias afectadas, afirma que el problema data de más de diez años, cuando el crédito otorgado en UDIS (Unidades de Inversión), se volvió impagable y la hipotecaria pretende revenderles la vivienda a más del doble de lo que costó en un principio.
Luis Marat Rascón, asesor político de Morena en el Congreso del Estado, indicó que la familia desalojada ayer en Villas del Rey, les solicitó apoyo para no perder su vivienda y dijo que se trata de un abuso de “miCasita”, ya que sin una orden de desalojo y con el apoyo de la Policía Estatal y de la Municipal acudieron al domicilio, que en ese momento se encontraba solo y comenzaron a sacar los muebles, los cuales fueron depositados en camiones de carga contratados por la propia financiera.
En este sentido, criticó el actuar de las autoridades al apoyar una acción arbitraria de una empresa en contra de una familia de escasos recursos, misma que cuenta con una sentencia ejecutoriada, obtenida tras un juicio de prescripción adquisitiva, equivalente a las escrituras, luego de previo registro ante el Registro Público de la Propiedad.
Rascón Álvarez acusó que existe un negocio redondo de parte de la financiera, representada en Chihuahua por el bufete jurídico Aguilera, pues explicó que “miCasita” se declaró en quiebra y creó una fiduciaria federal que a su vez le compró la cartera vencida y posteriormente, se pretende recuperar viviendas para revenderlas, situación en la que se encuentran mil 100 familias tan sólo en la capital del Estado.
También destacó que el desempeño de la hipotecaria no ha sido el adecuado, ya que notifican a los moradores por estrado y no de manera personal con el afán de reducir gastos, entonces el deudor ni siquiera sabe que está notificado y de pronto, se encuentran en un desalojo, para lo cual utilizan “grupos de choque” que rompen cerraduras, puertas y ventanas para adueñarse de las viviendas, todo solapado por el Estado que hasta facilita elementos policíacos para que procedan a realizar estas acciones.
El asesor político puntualizó que en principio, las casas tuvieron un costo de 450 mil y 600 mil pesos, y la financiera pretende ahora revenderlas a los propios moradores a un costo superior al millón de pesos, con enganches de 200 mil pesos y mensualidades sumamente elevadas para familias de bajos ingresos.
En el caso –subrayó— de la familia desalojada ayer, Luis Marat Rascón detalló que hasta antes de entrar al juicio de procedencia, habían cubierto alrededor de 300 mil pesos de la vivienda cuyo costo no supera los 600 mil y la hipotecaria pretendía revenderla en un millón 20 mil pesos, o de lo contrario tendrían que desalojar.
Asentó que esta situación refleja toda una gama de corrupción al interior de “miCasita”, toda vez que no respeta procesos, ni resoluciones judiciales y también demuestra la falta de oficio político para arreglar el problema de una manera favorable entre las partes, de ahí que los moradores no se niegan a pagar, sin embargo, requieren de una plan acorde con sus ingresos.
