Por unanimidad, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a los proyectos de registro a las cuatro organizaciones que llegaron a la fase final. Sin embargo, de última hora, la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, informó de la recepción de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal.
La forma en que se dio a conocer este elemento provocó la molestia de varios consejeros, pero sobre todo dejó el desenlace en suspenso. Fuentes consultadas dijeron que la alerta de la UIF involucra no sólo a una, sino a las cuatro asociaciones en pos de registro de nuevo partido.
En episodios anteriores –sólo cada seis años se abre este proceso para la creación de nuevos partidos en México– la resolución de la Comisión de Prerrogativas habría sido la base firme de las resoluciones del Consejo General, pero esta vez, frente a la intempestiva información de la UIF, las cuatro quedaron en incertidumbre.
El resultado final se sabrá hasta la tarde de hoy, cuando sesione el Consejo General y sus 11 integrantes con derecho a voto determinen si la indagatoria tumba o no las aspiraciones de México Tiene Vida, la cual tomaría este mismo nombre en caso de que le otorguen el registro, y fue la que más irregularidades tuvo, incluido una aportación de origen dudoso en efectivo por 779 mil pesos; además, participación de ministros de culto en sus asambleas, y hasta el intento de soborno al enviado del INE en Chihuahua.
Asimismo, se beneficiaría a Construyendo Sociedades de Paz, que ya como partido se llamaría PAZ; Personas Sumando en 2025, cuyo nombre en adelante sería Somos México, y Que Siga la Democracia, también con posible vida partidista con esa denominación.
Igualmente, de confirmarse el veredicto de la comisión, cuyo eje fue que los grupos cumplieron con los parámetros legales, como número de asambleas válidas y de afiliados, estas organizaciones tendrán en 2027 no sólo derecho de inscribir candidaturas a puestos de representación popular, sino una bolsa asegurada –únicamente por existir– de poco más de 84 millones de pesos cada una.
Las reglas del financiamiento público en esta materia indican que un porcentaje del presupuesto para actividades ordinarias (3 mil 684 millones) se dividirá entre todos los partidos políticos nacionales, según distintos criterios.
Así, para el periodo julio a diciembre del año en curso, al PAN le corresponderían 597 millones; PRI, 451.9; Partido del Trabajo, 308.4; Verde, 382.7; Movimiento Ciudadano, 445.8, y mil 203 millones a Morena.
A su vez, a los nuevos les tocarían 73 millones 681 mil 517 pesos a cada uno, más 3.3 millones para actividades específicas; 7.3 de prerrogativa postal y 34 mil 674 para mandar mensajes telegráficos.
Si para un primer semestre de existencia recibirán alrededor de 84 millones de pesos, el beneficio es amplio, si se considera que en el proceso iniciado en enero de 2025 hasta el primer semestre de 2026 las organizaciones reportaron ingresos en conjunto por 52 millones de pesos, y gastos por 44 millones, mientras las multas –también en general– por distintas irregularidades no rebasaron 5 millones.
Por ejemplo, Personas Sumando reportó ingresos por 17.6 millones y gastos por 10.4; se le fijó una multa de 327 mil pesos. Asimismo, México Tiene Vida tuvo 16.4 millones de ingresos, 15.7 de gastos y una multa –la más alta– de 2.5 millones.
Los anteproyectos elaborados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos establecieron ajustes que los grupos deben hacer a más tardar el 31 de agosto, sobre todo a sus documentos básicos; precisar cómo quedan sus órganos de dirección e informar al INE adónde les depositen sus prerrogativas.
En el caso de México Tiene Vida, asociación formada con las huestes de un partido local conservador de Nuevo León, se les dijo que es inconstitucional su idea de matrimonio y familia, pues en sus documentos básicos escribieron que el objetivo de ese núcleo es procrear, como “institución natural”.
En la declaración de principios, la organización manifestó también que rechaza “todo lo contrario a la vida” y sostiene que el derecho a ésta debe protegerse “sin importar las circunstancias de la existencia”, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, por lo que de igual forma el INE les ordena hacer ajustes para garantizar el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en el orden jurídico nacional e internacional.
La situación atípica se dio no sólo porque desde el primero de junio y hasta el 12 de julio el INE trabaja fundamentalmente a distancia, en home office, sino porque la secretaria ejecutiva del INE participó al inicio de la sesión para informar que la víspera, a las 8 de la noche del martes, recibió de la UIF un oficio y sus anexos, con datos sensibles.
Y tan sensible es el asunto que no les entregaron el compendio por correo electrónico; se decidió enviarlo en físico a los domicilios particulares de cada consejero, por el carácter confidencial de los documentos.
La consejera Carla Humphrey se molestó por la forma y momento en que le comunicaron de la existencia del reporte de la UIF, pese a que ella fue enfática en el tema en la sesión antepasada de Consejo General.
