La fiscalía de Bolivia investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al consultor argentino y asesor presidencial Fernando Cerimedo, para quien solicitará 180 días de detención preventiva por presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, en una audiencia a celebrarse hoy.
La abogada de Cerimedo acusó a Beller de un autoatentado, mientras los servicios de emergencia reportaron que recibieron la llamada para atender a la víctima seis minutos antes del ataque a balazos ocurrido la noche del lunes.
Beller, hospitalizada bajo protección policial, denunció a Cerimedo como autor intelectual de la agresión de dos sicarios en la que recibió tres impactos de bala, informó el fiscal general, Roger Mariaca.
Cerimedo será investigado también por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de acusaciones en este sentido de Beller y tras el hallazgo de dinero en efectivo, cuya cifra no fue detallada, en inmuebles de su propiedad.
El encargado de la ambulancia que trasladó a Beller al hospital, José Argandoña, indicó que recibió la llamada de alerta a las 8:34 de la noche del lunes, seis minutos antes de la hora registrada en las cámaras de seguridad que grabaron el ataque, las 8:40, publicaron medios bolivianos.
“La evidencia es que nosotros hemos recibido la llamada a esa hora. Tienen que verificar si el horario de las cámaras está actualizado”, añadió Argandoña ante los periodistas.
Margarita Arce, abogada defensora de Cerimedo, acusó a Beller de organizar “un autoatentado” para “desestabilizar al gobierno” y la calificó de “articuladora” del ex presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, del cual fue candidata a diputada en 2019.
“Cerimedo es una persona importante. Participaba en ejecutar la captura de Morales”, sobre quien pesan dos órdenes de aprehensión y vive refugiado en su bastión de El Chapare, afirmó Arce. Añadió que “ella (Beller) es la que ha impedido la captura de Evo, por ahora”.
Beller declaró antier que Cerimedo “maneja un grupo de élite de la policía que en una semana iba a agarrar a Morales”.
Al allanar el martes el domicilio de Cerimedo en La Paz, la policía encontró tarjetas de presentación en las que se lee: “Asesor principal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz”.
Tras ese hallazgo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez –quien antier aseguró que Cerimedo trabajó en la campaña electoral del mandatario, pero que “no ocupa ningún cargo”– confirmó que era asesor de Paz, pero aclaró que no es un funcionario, ni recibió pago por sus servicios.
“El cargo de asesor principal no existe. La tarjeta que se ha encontrado es algo que no lo ha emitido el Estado ni el gobierno, es algo que eventualmente él habría impreso y tendrá que explicarse en el marco de la investigación”, indicó en entrevista con Unitel.
Cerimedo es un “asesor eterno” de Paz, mediante “una consultoría que hace a través de que han firmado un convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Trabaja de manera externa. No es funcionario”, declaró a la red UNO otro de sus abogados, Ernesto Giraldes.
Una fuente vinculada a la CAF declaró a la agencia Fides que “Cerimedo no tiene ninguna relación contractual” con esa institución.
“A Fernando (Cerimedo) no le pagan un sueldo, su pago se hace a través de contratos que ellos (el entorno de Paz) cierran con empresas grandes para que estén presentes en países como Bolivia”, sostuvo Beller, y definió sus funciones como intermediario entre convenios público-privados, informó El País.
Beller manifestó que las pruebas de las acusaciones que hizo la víspera contra la familia presidencial están en un teléfono celular que se llevaron sus atacantes; aseguró que el dispositivo guarda conversaciones de texto entre Cerimedo y la esposa del presidente, Vivian Urquidi, sobre “cobrar un boliviano por cada litro de gasolina distribuida mediante cupos”, en una nación donde hay largas filas para conseguir combustible desde hace tres años, debido a la crisis económica y la falta de dólares para importaciones.
El consultor argentino sería también el intermediario para que la familia de Urquidi decida qué corredores de seguros obtienen los contratos de las compañías aseguradoras con las empresas estatales y cuánto cobrarían de comisión, según Beller.
“No toleraremos acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, expresó Gálvez. “(Beller) tendrá que presentar esas pruebas y sustentar sus acusaciones”, añadió el vocero de Paz.
