Sacramento. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que conmutará más de 500 condenas a muerte en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la Corte Suprema estatal tendrá la última palabra en cientos de esos casos.
Newsom hizo el anuncio mientras se prepara para dejar el cargo tras ocho años y considera la posibilidad de postularse a la presidencia de Estados Unidos. El demócrata, que desde hace tiempo se opone a la pena de muerte, impuso una moratoria a las ejecuciones en California en 2019.
«Tomo esta medida porque creo firmemente que matar con autorización del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos degrada a todos», manifestó Newsom en una carta.
El gobernador se dispone a conceder clemencia a 548 personas actualmente condenadas a muerte, de las cuales 529 son hombres y 19 mujeres, según cifras proporcionadas por su oficina.
La Constitución estatal exige la aprobación de la Corte Suprema de California para conceder clemencia a cualquier persona condenada más de una vez por un delito grave, por lo que el tribunal tendría que autorizar 382 de esas conmutaciones.
Los californianos votaron en 2012 y 2016 a favor de mantener la pena de muerte mediante iniciativas ciudadanas. Nadie ha sido ejecutado en el estado desde 2006, y California tiene el corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental.
Newsom indicó que la decisión fue una de las más difíciles de su carrera, debido a que hará aflorar recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas.
«Como gobernador, yo solo asumo la responsabilidad de esta decisión y de su impacto, así como yo solo asumiría la responsabilidad por cada ejecución», escribió.
Organizaciones de víctimas y fiscales cuestionan la medida
Patricia Wenskunas, fundadora de la organización sin fines de lucro Crime Survivors, con sede en California y que se opuso a la abolición de la pena de muerte, criticó la decisión de Newsom.
«Me duele el corazón por cada una de las víctimas y por cada uno de sus familiares», expresó, y calificó la medida de «ofensiva» e «indignante».
La Asociación de Fiscales de Distrito de California no comentó de inmediato el anuncio. Sin embargo, el mes pasado envió una carta a Newsom en la que expresó «graves preocupaciones» ante la posibilidad de que adoptara esta medida y advirtió que una acción de tal magnitud causaría angustia a las familias de las víctimas.
«La sentencia de muerte en California representa un caso individual en el que un jurado escuchó las pruebas, consideró las circunstancias y determinó que el castigo más severo bajo nuestra ley estaba justificado», declaró la presidenta de la asociación, Jeannine M. Pacioni.
«Simplemente borrar todos esos fallos con el trazo de una pluma, sin considerar los hechos de cada caso ni a las familias afectadas, sería un profundo perjuicio para la administración de justicia», añadió.
ACLU celebra decisión de Newsom
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha señalado que la aplicación de la pena de muerte refleja sesgos raciales, celebró el anuncio.
«Estas conmutaciones reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, propenso a errores e inhumano que ha pesado sobre California durante demasiado tiempo», señaló en un comunicado el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero.
La organización participa en una impugnación legal en curso contra la legislación sobre pena de muerte de California, al considerar que es racialmente discriminatoria e inconstitucional.
Newsom ha sostenido anteriormente que es incorrecto que el gobierno mate a sus ciudadanos y que la pena capital, en la práctica, ha discriminado a las personas con enfermedades mentales y a las personas no blancas.
Otros gobernadores han concedido medidas de clemencia generalizadas a personas condenadas a muerte en sus estados, entre ellos Kate Brown, en Oregon, en 2022, y Jared Polis, en Colorado, en 2020.
En 2024, el entonces presidente Joe Biden también concedió clemencia a 37 de los 40 presos federales condenados a muerte.
Xavier Becerra, demócrata que asumirá el cargo de gobernador de California en enero, ha dicho que extenderá la moratoria estatal sobre la pena de muerte.
