Caracas. Luego de una jornada de negociación de seis días, el gobierno y la oposición acordaron este miércoles conducir conjuntamente el proceso de renovación y reforma del Poder Judicial.
El comunicado conjunto firmado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y representante del gobierno, y Dinorah Figuera, representante de la oposición respaldada por Washington, establece que se reformulará el proceso iniciado por la AN para la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que implica la suspensión del comité de postulaciones que ya había sido designado. Se conformará un nuevo comité y además habrá “un consejo de revisión de credenciales” externo.
Otra novedad es que se designarán la totalidad de los magistrados que conforman el TSJ y no solo las vacantes que el parlamento tenía previsto llenar. Además, informaron que avanzarán en la reforma de la Ley del TSJ “y otras leyes del sistema de justicia”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha respaldado estas negociaciones y ha consolidado a Figuera como interlocutora válida en detrimento de María Corina Machado, considerada hasta ahora la principal figura opositora.
También acordaron concentrar esfuerzos “en promover la recuperación de los activos de la reserva internacional de Venezuela que se encuentran depositados en el Banco de Inglaterra”. Estos recursos se utilizarían en “el fortalecimiento de programas de atención a las víctimas” del terremoto del pasado 24 de junio.
El Banco de Inglaterra ha retenido por años 31 toneladas de oro monetario de las reservas internacionales venezolanas con un valor actual de más de 4.000 millones de dólares.
El comunicado deja claro que sobre la mesa está, además de la reforma del Poder Judicial, también la discusión sobre el Poder Electoral. Hace una semana, Figuera había adelantado que se contempla designar un nuevo TSJ para el mes de noviembre y un nuevo Consejo Nacional Electoral para diciembre.
Exigen transparencia y respuestas
Organizaciones opositoras encabezadas por Coalición Sindical (CS), grupo respaldado Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, se manifestaron el mismo miércoles frente al Hotel Meliá para exigir a las partes “resultados tangibles”, así como mayor transparencia acerca de los pormenores de la negociación.
Varias decenas de personas concentradas a las afueras del recinto gritaban consignas que pedían la inclusión en los diálogos de temas como el aumento de los salarios y la liberación de presos políticos. Una falange de policías les impidió el paso en varias oportunidades hacia el interior del hotel. Al final se retiraron sin consignar el documento que habían llevado y criticaron a la comisión opositora por no recibirlos.
Carlos Salazar, dirigente de CS, cuestionó el “secretismo” de unas jornadas que comenzaron el pasado 6 de agosto bajo un esquema de puertas cerradas y sin declaraciones a los medios de comunicación sino hasta cumplir ciclos de varios días tras los cuales se emiten comunicados conjuntos. No se informó cuándo tendrá lugar el próximo ciclo.
