El 7 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 129 abstenciones una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor que regula el uso de inteligencia artificial en la explotación de imagen y voz de artistas. El dictamen fue aprobado a partir de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviado al Senado para su análisis.
Lo que en apariencia es un avance en la protección de los trabajadores del entretenimiento esconde, según la industria tecnológica, una amenaza mayor. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, podría complicarse si el Senado aprueba la minuta sin modificaciones sustanciales.
Sofía Pérez Gasque, directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), advirtió que el momento legislativo es un error de cálculo.
«Cualquier iniciativa de ley que traiga algún contenido de inteligencia artificial, creemos que en este momento podría no ser el mejor momento debido a la revisión que tenemos del T-MEC próximamente», dijo Pérez Gasqué en entrevista
La asociación publicó un documento tripartita con contrapartes de Estados Unidos y Canadá para que la inteligencia artificial figure en esa negociación como habilitador tecnológico, no como materia de restricción regulatoria. Con una ley sectorial aprobada a contrarreloj, ese posicionamiento se debilita antes de que comiencen las conversaciones formales.
Consentimiento técnicamente imposible
El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformado en el dictamen, amplía la protección del derecho de imagen para incluir la voz y los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, sujetando su utilización al consentimiento expreso del titular y a los fines pactados, con posibilidad de revocación por causa justificada.
Para AMITI, esta disposición no es un problema de fondo sino de escala. Exigir autorización específica para cada uso de contenido propagado en internet resulta técnicamente irrealizable.
«Imagínate que todas las personas utilizaran cualquier lenguaje, tuvieran que pedir esta autorización para algún proceso que se expresa en el artículo 87», dijo Pérez Gasque.
Los sistemas de lenguaje e IA generativa procesan miles de millones de fragmentos de texto e imagen en ciclos continuos, sin intervención humana que pueda gestionar permisos uno a uno.
El segundo frente de riesgo apunta al artículo 19.7 del T-MEC, que establece salvaguardas para las plataformas digitales frente a la responsabilidad por contenidos de terceros. Una regulación con altos niveles de carga previa podría incidir en la competitividad del país y en la atracción de inversiones en industrias creativas y tecnológicas, advirtió también la Asociación Mexicana de Internet (AIMX).
Pérez Gasque lo tradujo en que si un usuario sube contenido sin los permisos que exige la nueva ley, y la plataforma resulta responsable por ello, se sienta un precedente que choca con las protecciones que México negoció en el propio T-MEC.
«Lo que no buscamos es que haya un antecedente de esto que puede impactar al artículo 19.7», puntualizó.
Multas duplicadas y definiciones ausentes
Morena ajustó el proyecto original y eliminó las sanciones económicas que contemplaban multas de hasta 586,000 pesos por el uso de imagen o voz sin consentimiento, un cambio que respondió a presiones del sector de radio, televisión y doblaje. La Ley Federal del Derecho de Autor ya contempla multas por el uso indebido de contenido protegido, y la nueva reforma añade una capa adicional vinculada al uso de tecnología.
La rigidez contractual es otra fisura. La versión original fijaba en tres años el plazo máximo de las autorizaciones de uso, un periodo que AMITI consideró insuficiente para grandes empresas y letal para las pymes.
Además, la iniciativa introduce el término inteligencia artificial sin proporcionar una definición legal clara, lo que podría generar incertidumbre en los tribunales, advirtieron legisladores del Partido del Trabajo durante el debate en San Lázaro. Sin una definición, cualquier litigio futuro quedará sujeto a interpretación judicial, justo cuando el ecosistema tecnológico opera en tiempo real.
Con su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo conforme a la Constitución. AMITI ya inició reuniones con la Comisión de Cultura y con las comisiones de Economía, Derechos Digitales e Inteligencia Artificial para impulsar ajustes antes de que el texto se someta a votación.
Con la revisión del T-MEC en el horizonte y 90% de las plataformas digitales que operan en México bajo capital estadounidense, las preocupaciones no se quedan de este lado de la frontera.
«Las empresas y plataformas de Estados Unidos también lo han hecho saber», dijo Pérez Gasque.
