El presidente del Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua, Jorge Pazos Linares, señaló que el cierre de atención al público representa un nuevo obstáculo para ejidatarios, comuneros, propietarios y litigantes que dependen de los servicios del organismo para dar continuidad a diversos procedimientos.
De acuerdo con el abogado, el traslado de las oficinas comenzó el pasado lunes y contempla el cambio desde un inmueble que, aseguró, reunía condiciones adecuadas para la operación del Registro hacia otro edificio que anteriormente funcionó como consultorio médico y farmacia, el cual —afirmó— carece incluso de espacios suficientes de estacionamiento para los usuarios.
Pazos Linares explicó que las instalaciones actuales del RAN cuentan con aproximadamente mil 600 metros cuadrados, superficie que permite resguardar el archivo institucional y desarrollar las actividades del organismo, donde laboran alrededor de 23 servidores públicos.
El representante del gremio agrarista consideró preocupante que durante 2026 se hayan acumulado varias suspensiones en la prestación del servicio. Recordó que en enero se registró un primer cierre de actividades; posteriormente, se decretó otra suspensión durante mayo y ahora se suma una nueva interrupción durante la segunda quincena de julio debido al proceso de reubicación.
Indicó que cada periodo de cierre implica la paralización de diversos procedimientos administrativos y registrales, lo que retrasa la emisión de documentos indispensables para acreditar derechos sobre la propiedad social.
Entre los trámites que permanecen detenidos mencionó la inscripción de cesiones de derechos y compraventas de parcelas ejidales, la expedición de certificados parcelarios, títulos de solares urbanos, la apertura de testamentos agrarios y el depósito de listas de sucesión.
Asimismo, señaló que también se ven afectados los registros de contratos y actas de asambleas ejidales, la emisión de padrones de ejidatarios, los títulos de propiedad parcelaria y las inscripciones ordenadas tanto por juzgados federales como por el Tribunal Superior Agrario.
El abogado destacó que el Registro Agrario Nacional es la instancia encargada de registrar y resguardar la documentación que acredita los derechos sobre la propiedad social, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento repercute directamente en la certeza jurídica de quienes dependen de estos procedimientos.
«El Registro Agrario Nacional es fundamental para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra», expresó Pazos Linares, quien comparó el impacto de la suspensión con el eventual cierre de un Registro Público de la Propiedad, debido a la relevancia que ambas instituciones tienen para garantizar la legalidad de los actos relacionados con los bienes inmuebles.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades federales para que el proceso de cambio de oficinas se realice sin afectar la atención a los usuarios y sin generar mayores retrasos en los procedimientos administrativos.
Finalmente, subrayó que en una entidad como Chihuahua, donde una parte importante del territorio corresponde a propiedad ejidal y comunal, resulta indispensable que el Registro Agrario Nacional opere con instalaciones adecuadas, personal suficiente y servicios continuos que garanticen la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
