Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasaron oficialmente a una segunda vuelta para la presidencia en Perú, más de cuatro semanas después de que los votantes acudieran a las urnas, lo que establece una segunda vuelta el mes que viene entre dos candidatos con puntos de vista ideológicos marcadamente diferentes.
La proclamación por parte de la autoridad electoral del país pone fin a un turbulento periodo de agrias disputas, márgenes estrechísimos y caos institucional.
El enfrentamiento da lugar a una contienda que podría dirigir el país en direcciones muy distintas: hacia el conservadurismo de línea dura de Fujimori o el impulso político de izquierda de Sánchez para reformar la Constitución y dar al Estado un papel más importante en la economía.
Con el 100 por ciento de los votos escrutados, Fujimori, quien ha sido aspirante a la presidencia en cuatro ocasiones, encabezaba la lista de 35 candidatos con el 17 por ciento de los votos. Sánchez, congresista de izquierda, obtuvo por poco el segundo puesto, con el 12 por ciento, con lo que superó al empresario de extrema derecha y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por solo 21.239 votos.
López Aliaga, conocido por su apodo de “Porky”, ha rechazado los resultados y los ha calificado de “fraude masivo”.
En la jornada electoral del 12 de abril, decenas de centros de votación en Lima, la capital y bastión de López Aliaga, no pudieron abrir por retrasos en la entrega del material electoral, lo que llevó a las autoridades a prolongar la votación hasta el día siguiente.
Aunque los observadores internacionales dijeron que no había indicios de fraude, las reacciones negativas provocaron la dimisión de un alto funcionario electoral en medio de redadas policiales en las oficinas electorales. López Aliaga encabezó varias protestas en Lima para exigir la anulación o la prórroga de las elecciones.
El martes, el fiscal de la nación dijo que la fiscalía acusaba a Sánchez de falsificación de documentos y declaraciones falsas en relación con las finanzas de su partido entre 2018 y 2020, y solicitaba una pena de cinco años de prisión y su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
Sánchez negó los cargos, afirmando que se basan en pruebas previamente desestimadas por los tribunales locales.
“Estamos tranquilos, serenos”, dijo Sánchez el martes. “Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error”.
Los resultados de la primera vuelta preparan el terreno para unas polarizantes elecciones el 7 de junio. Fujimori es una de las figuras más conocidas y menos queridas de la política peruana. Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien murió en 2024, Keiko Fujimori ha construido su carrera sobre el legado mixto de este: un gobierno al que se atribuye la derrota de los insurgentes y la estabilización de la economía, pero también criticado por corrupción y abusos contra los derechos humanos.
Perdió por un estrecho margen tres elecciones anteriores y sigue teniendo una presencia dominante a través de su partido, Fuerza Popular, que se espera que controle el mayor bloque de votos en el Congreso. Los críticos dicen que ha utilizado sus alianzas políticas y su influencia en el poder legislativo para concentrar el poder, debilitar los controles y equilibrios y socavar las instituciones independientes.
Aunque Fujimori ha reconocido haber desempeñado un papel en las luchas de poder que han dado a Perú nueve presidentes en los últimos 10 años, se posiciona como un baluarte contra los gobiernos de izquierda ineficaces y ha pedido medidas de seguridad más estrictas a medida que la delincuencia y la corrupción dominaban las preocupaciones de los votantes.
Sánchez se ha autoproclamado heredero político del expresidente Pedro Castillo, un político de izquierda de la provincia que llegó al poder en 2021 antes de ser destituido y detenido en 2022 tras un intento fallido de disolver el Congreso. Al menos 49 civiles murieron en las protestas que siguieron.
Sánchez, que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo con Castillo, hizo campaña en provincias rurales y barriadas urbanas a menudo ignoradas por los partidos tradicionales, donde los votantes siguen indignados por la caída de Castillo y la represión mortal de las protestas que vinieron después.
En la región sureña de Puno, días antes de las elecciones, muchos votantes dijeron que simplemente votaban a “JP”, la sigla del partido de Sánchez, Juntos por Perú.
“La gente ha escogido para su gobierno y ¿qué lo han hecho? Le han cerrado sin motivo alguno”, dijo Luzmila Mamani, que vende juguetes para niños en un abarrotado mercado de Juliaca, la ciudad más grande de Puno. “A gente que ha querido protestar han sido matados como pescados”.
Su ascenso supuso un revés para la clase dirigente política y económica de Perú, pero fue bien acogido por mucha gente fuera de Lima, donde los votantes se sienten desde hace tiempo excluidos del poder y tienden a respaldar a los candidatos externos.
Sánchez atribuye la disfunción política y el desgobierno cada vez mayor a un “pacto mafioso” dirigido por políticos como Fujimori. Ella a su vez culpa de eso a la izquierda y a los activistas de derechos humanos.
Durante el último cuarto de siglo, dijo Fujimori, Perú ha estado gobernado por un grupo político que “lo único que ha hecho es buscar excusas, e inventarse cosas y lanzar muchos insultos”, dijo el mes pasado, cuando celebró un recuento rápido que la situaba en primer lugar. “El enemigo es la izquierda”.
Un analista político peruano, Gonzalo Banda, dijo que ambos candidatos se enfrentaban a una oposición significativa.
Y agregó que, sin duda, el país se polarizará de nuevo.
Blanca Ramos, de 60 años, quien el mes pasado votaba con su hija y su nieta en el barrio obrero de Ate, dijo que apoyaba a Fujimori por el legado de su padre.
“Yo viví en el tiempo del terrorismo. Esa etapa fue muy dura. Había bastante muerte. Y cochebombas que le reventaba”, dijo. “Por eso yo, de corazón, hasta que me muera, yo siempre voy a ser fujimorista. Ojalá que la hija ganara”.
Las elecciones se desarrollaron en un contexto de profunda fragmentación y desconfianza de los votantes. Un número récord de 35 candidatos compitieron en un campo abarrotado, con un apoyo muy disperso y muchos votantes indecisos el día de la votación.
