La implementación masiva de pagos digitales en México requiere estructuras sólidas de ciberseguridad para proteger a contribuyentes y comercios, exhortó el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP).
Christian Pérez Carreto, presidente de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del IMCP, explicó que, aunque en el País existen desde hace varios años diferentes plataformas de pagos electrónicos como SPEI, CoDi y DiMo, el uso de efectivo sigue siendo muy alto.
«Estamos en un momento crucial para todos los negocios en vista de la implementación de una nueva ley, pero su implementación tiene que ser gradual, con calendarios perfectamente establecidos, zonificando, no puede hacerse de manera general.
«Posteriormente, continuidad operativa en los lugares donde la infraestructura no sea suficiente, mecanismos claros para que los negocios puedan seguir operando y también una estructura sólida de ciberseguridad», indicó el contador.
La compañía de ciberseguridad IQSEC coincidió en señalar que la Ley de Economía Digital plantea desafíos de seguridad, identidad y continuidad operativa.
«Una mayor dependencia de los medios electrónicos hace especialmente relevante evaluar la disponibilidad de los canales de pago, identificar dependencias tecnológicas y contar con mecanismos de respuesta y recuperación frente a interrupciones.
«Al margen del proceso legislativo, la expansión de los servicios digitales debe ir acompañada de mecanismos de seguridad capaces de sostener la confianza de instituciones, empresas y usuarios», dijo Alicia Trejo, gerente ciberlegal de IQSEC, en una postura sobre el tema.
Desde la perspectiva de IQSEC, reconocer una identidad digital no elimina los riesgos de suplantación, por lo que las entidades deben evaluar controles de autenticación, validación de identidad, trazabilidad y protección de información que permitan detectar operaciones irregulares y responder ante posibles incidentes.
La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ya concluyó su proceso en el Congreso de la Unión y fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de la publicación en el DOF, la Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los primeros sectores estratégicos que serán obligados en implementar de manera general los pagos electrónicos.
El éxito de esta transición dependerá de una coordinación estrecha entre autoridades e iniciativa privada, garantizando una adopción tecnológica segura.
