Chihuahua, Chih.- Ante las denuncias interpuestas por la síndica de Chihuahua, Olivia Franco Barragán, hacia el regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel Alonso Riggs Baeza, por violencia política, podría ser acreedor de sanciones desde la amonestación hasta suspensión por algunos días o multa, informó la presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género, Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Blanca Patricia Ulate Bernal.
Antes que todo, invitó al edil morenista a integrarse a un curso en materia de género que le permita tomar conciencia plena de las implicaciones que tienen las conductas de violencia hacia las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones.
“Como integrantes del Ayuntamiento tenemos la obligación de estar capacitados y sensibilizados en esta materia, por la importancia que conlleva erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación contra las mujeres, así como fortalecer los valores de respeto y equidad en el ámbito laboral”, comentó la edila de Acción Nacional (PAN).
Aclaró que los protocolos están claros en cuanto a este tipo de conductas, por lo que en caso de ser necesario, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) podrá emitir diferentes sanciones de acuerdo con la investigación que realicen en colaboración con los órganos que solicite, tal y como lo ha hecho con otros funcionarios de puestos de elección popular.
Recordó que el viernes pasado, la titular de la sindicatura solicitó formalmente la activación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de casos de Violencia en Razón de Género contra las mujeres tras comentarios realizados, que constituyen un claro ejemplo de violencia política de género, una problemática que vulnera los derechos de las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas.
La solicitud fue recibida por Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), así como por Carmen Yazmín Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control, quienes coordinarán las acciones correspondientes dentro del marco del protocolo vigente.
Además, presentó ante la Fiscalía de General del Estado (FGE) la denuncia por el presunto delito de violencia de género; también activaron un Procedimiento Especial Sancionador a través del Instituto Estatal Electoral.
Este caso será resuelto por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en un esfuerzo por sentar precedentes claros contra la violencia política de género en el ámbito público.
Manifestó que la violencia política de género no sólo afecta a las mujeres que ocupan cargos públicos, sino que atenta contra los principios democráticos al obstaculizar la participación igualitaria, la libertad en el ejercicio de atribuciones conferidas.
