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miércoles, septiembre 9, 2026

Podrían perder su hogar otras 120 familias

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Chihuahua.- Los litigios civiles por la posesión de viviendas, que antes tardaban hasta diez años en resolverse, desde el año pasado lo hacen en máximo de siete meses para hacer efectivos los desahucios, lo cual ha acelerado la cantidad de viviendas en proceso judicial, explicó el abogado Jorge Eduardo Aguilera Reynaud, representante del despacho jurídico Aguilera, Carrera y Asociados, el cual lleva 120 casos más de casas que podrían ser embargadas por la falta de pago de los moradores.

Los casos que se llevan actualmente, corresponden a demandas presentadas entre los años 2008 y 2009, por lo que ya están próximos a concluir y esto podría resultar en fallos a favor de las hipotecarias, lo que implica el desalojo de familias que se encuentran en esa situación por la falta de pago, problema que se acentuó la década pasada, por la crisis económica que afectó al país y que generó que la gente no tuviera liquidez para pagar sus créditos.

Más aún para aquellos financiamientos tasados en UDIS (Unidades de Inversión) y que en la óptica de Aguilera Reynaud, la mayoría de los que están en litigio provienen de ese esquema ya que su incremento se salió de control para el gobierno.

Ese factor fue precisamente lo que motivó a que esos créditos se reestructuraran para su reconversión a pesos y por supuesto, los montos a pagar se multiplicaron. Así fue como la hipotecaria SuCasita, que forma parte de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) organismo gubernamental, dejó de cobrar y contrató a un despacho de cobranza extrajudicial.

El abogado detalló que se ha notificado a los deudores y muchas personas accedieron, pero hubo otras tantas que simplemente no hicieron el trámite.

“SHF constituyó un fideicomiso y puso los contratos crediticios en la Bolsa Mexicana de Valores, donde un particular los compra y de esta manera, el ente público recupera su dinero, pero la propiedad del crédito ya le pertenece a alguien más que buscará recuperar su inversión, lo que constituye una bursatilización”.

Jorge Eduardo Aguilera detalló que el propietario del contrato de crédito es quien tiene la facultad de exigir su bien y presentar demanda en contra del morador, para lo cual se contrató al despacho jurídico que hace las notificaciones, presenta la demanda, la cual es emplazada y comienza el litigio que concluye hasta que se tenga el fallo del juez.

De acuerdo con el abogado, no se puede proceder al desalojo sin una orden del juez, “un juicio que no esté perfectamente terminado no pasa a Notaría y una vez que está escriturado no puede haber desalojo, hasta que el juez tenga copia en la que se determine que la propiedad ya no le pertenece a A sino a B.