Ciudad de México.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJE) pidió 457 millones de pesos más que en 2024, para solventar las obligaciones laborales en caso de tener que pensionar o jubilar anticipadamente a los juzgadores que deberán retirarse con la reforma judicial estatal, por la cual habrán de elegirse esas posiciones mediante voto popular.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025, que esta semana comenzará a debatir el Congreso del Estado, aparece el incremento por encima del promedio de crecimiento del gasto estatal, de alrededor del siete por ciento, con la justificación de otra posible reforma que les permita retirarse a jueces y magistrados con una compensación por sus años de servicio.
Hasta este año, el gasto del Poder Judicial ha crecido un 88 por ciento desde 2019; de aprobarse el incremento presupuestal para el año próximo, habría de incrementarse hasta un 112 por ciento, en relación al referido ejercicio.
En ejercicio de su autonomía, el TSJE integró su proyección de gasto para 2025 que, posteriormente, el Poder Ejecutivo incorporó al Paquete Económico puesto a consideración del Poder Legislativo, con el estimado de los ingresos para el año próximo y el Presupuesto de Egresos de todas las entidades públicas.
Así, el gasto total estimado por el Poder Judicial para el año próximo fue de 4 mil 062 millones de pesos, casi un 13 por ciento más que los tres mil 605 mdp autorizados para su operación durante el año que está en curso.
La fundamentación de ese incremento planteado al Legislativo, encargado de validar la operación financiera de cada entidad pública, está en la reforma judicial nacional, publicada el pasado 15 de diciembre de este año, mediante la cual ordenan que todos los estados deberán adecuarse al nuevo modelo federal de justicia, basado, entre otras cosas, en la elección directa de jueces y magistrados, así como de consejeros de la judicatura y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ello implica la terminación de los cargos de los juzgadores actuales, unos en agosto de 2025 y otros en agosto de 2027, para que dichas posiciones sean ocupadas por nuevos juzgadores electos por voto popular.
Ante la previsión de que la judicatura estatal fuera afectada por el ordenamiento federal, al TSJE pidió el incremento presupuestal; además, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de jubilaciones y retiros anticipados de jueces y magistrados.
Dicha propuesta fue enviada por la magistrada presidenta del TSJE, Myriam Hernández Acosta, desde el 29 de octubre pasado, turnándose a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado el día 31 del mismo mes; luego, el 21 de noviembre se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia; para después, apenas el pasado tres de diciembre, volver a turnarse otra vez a la de Gobernación únicamente.
La iniciativa busca modificar los esquemas de pensión por años de servicio, a fin de respetar los derechos laborales de los jueces y magistrados que no podrán continuar como tales y, a la vez, no cumplen con los requisitos para un retiro con prestaciones adecuadas a la labor que desempeñaron.
Por ello, propone modificar los tabuladores de años de servicio y porcentaje de ingresos garantizados para quienes deban retirarse, lo que implicaría un costo a las finanzas del Poder Judicial.
Dicha propuesta sigue sin ser dictaminada; en tanto, el Presupuesto de Egresos 2025 del Gobierno del Estado, donde contemplan los recursos del Poder Judicial, habrá de comenzar a discutirse en esta semana, junto con la Ley de Ingresos del año próximo, base y sustento de la proyección de gasto.
Evolución del gasto judicial
En los últimos años, el Poder Judicial del Estado ha tenido alzas generalmente por encima del presupuesto público global; en la propuesta de los 107 mil millones de pesos que contempla el gasto público estatal, este renglón representaría alrededor de un 3.79 por ciento.
En el año 2019, el presupuesto de la justicia estatal fue de mil 909 millones de pesos, lo que representó un alza en términos nominales de 10.4 por ciento, en la comparación con el ejercicio de 2018, que fue un poco superior a los mil 729 millones de pesos.
Para el año 2020, el Poder Judicial pidió un incremento hasta los dos mil 287 millones de pesos, pero un recorte emergente al gasto público por la emergencia sanitaria, lo dejó en dos mil 163 millones de pesos, lo que significó un alza nominal del 13.3%.
En el año 2021, fue registrado el mayor incremento del periodo de referencia, al alcanzar un alza de 30.7% en relación al ejercicio previo, con un gasto autorizado de dos mil 828 millones de pesos.
Dicho incremento fue originado por el proceso de transición del sistema de justicia laboral, que anteriormente estaba a cargo de una instancia administrativa del Ejecutivo (Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), pero pasó a formar parte del Poder Judicial, con la creación de tribunales especializados en materia laboral.
Para el año 2022, el presupuesto judicial pasó a tres mil 047 millones de pesos, un alza de 7.7% respecto del periodo previo y para 2023 creció hasta tres mil 321 mdp, incremento del 8.9%, tasa similar con la que creció para el 2024 en curso, cuando dispuso de tres mil 605 mdp.
