Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que el sistema de transporte público en el estado avanza en la corrección de rezagos acumulados durante más de cuatro décadas, al alcanzar un cumplimiento del 96 por ciento en el criterio de año y modelo de las unidades que circulan en la ciudad de Chihuahua, mientras que en Ciudad Juárez el avance ya rebasa el 40 por ciento, con la meta de llegar al 100 por ciento durante el presente año.
De la Peña explicó que, en el caso de la capital del estado, en poco más de dos años han pasado de un cumplimiento del 71 por ciento al 96 por ciento, lo que representa un cambio significativo en la modernización del parque vehicular del transporte público. Precisó que actualmente circulan alrededor de 400 unidades en la ciudad de Chihuahua, por lo que el cuatro por ciento pendiente equivale aproximadamente a entre 15 y 18 camiones que deberán ser sustituidos o actualizados para cumplir con la norma.
Señaló que la expectativa del Gobierno del Estado es alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento en Chihuahua capital durante el primer semestre de este año, ya sea mediante la incorporación de unidades que ya cumplen con el criterio de año y modelo o a través del compromiso de concesionarios para adquirir camiones nuevos que permitan retirar unidades más antiguas, aun cuando estas últimas todavía se encuentren dentro del rango permitido.
En cuanto a Ciudad Juárez, el funcionario destacó que el avance es aún más relevante si consideran el punto de partida.
Indicó que, al inicio de la actual administración, el cumplimiento en año y modelo apenas rondaba el siete por ciento, mientras que actualmente ya se ubica entre el 41 y 42 por ciento. Subrayó que este crecimiento refleja un esfuerzo sostenido por ordenar un sistema que arrastraba vicios estructurales desde hace más de 40 años.
De la Peña abordó también la situación específica del sistema BRT en Ciudad Juárez, particularmente en el tramo conocido como BRT 2 del Juárezbus, tema que fue motivo de una reunión reciente con empresarios y organismos como Coparmex y asociaciones de desarrollo económico de esa ciudad.
Explicó que el encuentro tuvo como objetivo aclarar decisiones adoptadas por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, ante inquietudes del sector empresarial sobre la operación y la viabilidad financiera del sistema.
Detalló que una de las determinaciones más relevantes fue no renovar el contrato de comodato mediante el cual el Gobierno del Estado había prestado 28 unidades al concesionario de la ruta BRT 2. Aclaró que la concesión otorgada a la empresa correspondiente continúa vigente, pero que la falta de unidades propias impide actualmente su operación, situación que derivó en la intervención directa del Estado para garantizar el servicio a los usuarios.
El secretario general precisó que las unidades retiradas del comodato son propiedad del Estado y, por tanto, de la ciudadanía, al haber sido adquiridas con recursos fiscales. Indicó que la decisión fue sustetada en diversas inconsistencias detectadas en la prestación del servicio, entre ellas deficiencias en la limpieza de los camiones, fallas operativas y la falta de personal suficiente para operar las unidades, además de múltiples quejas ciudadanas canalizadas a la autoridad estatal.
Rechazó que exista evidencia de sabotaje por parte de concesionarios o terceros, aunque reconoció la presencia de irregularidades, algunas menores y otras de mayor gravedad. Aseguró que, de existir pruebas de un sabotaje deliberado, el Estado actuaría con toda la fuerza de la ley contra los responsables.
De la Peña afirmó que, desde que el Estado asumió de manera directa la operación de las unidades a partir del primero de enero, se han logrado ajustes en los tiempos de espera en estaciones, los cuales actualmente oscilan entre 10 y 12 minutos, además de estabilizar rutas alimentadoras que habían sido abandonadas por concesionarios.
Subrayó que el Gobierno del Estado cuenta con 104 unidades adquiridas el año pasado, lo que le permite mantener la operación del sistema y garantizar un servicio digno, seguro y puntual para los usuarios de Ciudad Juárez. Reiteró que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es colocar a los usuarios en el centro de todas las decisiones, por encima de cualquier otro interés.
Finalmente, sostuvo que la relación entre Gobierno y concesionarios entra en una nueva etapa, basada en la colaboración, pero con reglas claras y con el cumplimiento de las obligaciones
