Cd. de México.- Con la detención de Carlos Alberto Medina Hernández, ex titular de Comunicación Social de Campeche, suman cinco las personas aprehendidas en investigaciones de la Fiscalía estatal por presuntos desvíos de recursos cometidos durante la gestión de Alejandro «Alito» Moreno como Gobernador.
El recuento de imputados en los expedientes incluye al propio Medina Hernández, a los ex funcionarios José Domingo Berzunza Espínola, Walter Olivera Valladares y Antonio Acosta, así como al contador Luis Antonio Espinosa Campos, señalado por su vínculo con empresas del entorno familiar del actual dirigente nacional del PRI.
En conjunto, las pesquisas de la Fiscalía campechana abarcan presuntos desfalcos por más de 80 millones de pesos en distintas dependencias de la Administración que encabezó Moreno entre 2015 y 2019.
Las dos capturas más recientes ocurrieron en días consecutivos y ampliaron la investigación hacia el esquema corporativo ligado a la familia del ex Mandatario.
El pasado 10 de agosto fue detenido en la Ciudad de México el contador Luis Antonio Espinosa Campos, representante de empresas vinculadas a Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del líder priista.
Espinosa fue trasladado a Campeche e ingresado al Cereso de San Francisco Kobén para responder por un presunto desvío de 36 millones de pesos mediante factureras.
Un día después, el 11 de agosto, fue aprehendido en Campeche el ex vocero Carlos Alberto Medina Hernández, a quien la Fiscalía relaciona con el mismo expediente de los 36 millones por operaciones irregulares vinculadas a factureras y a la empresa Mayavisión.
Antes de estas aprehensiones, la justicia estatal ya había actuado contra otros tres ex colaboradores del Gobierno priista.
José Domingo Berzunza Espínola, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y posteriormente director del Icatcam, fue vinculado a proceso por investigaciones que suman más de 28 millones de pesos desviados en ambas instituciones.
En tanto, el ex coordinador de Comunicación Social, Walter Olivera Valladares, fue aprehendido el 31 de marzo de 2025 por un presunto desvío superior a 16 millones de pesos en publicidad oficial, proceso que actualmente enfrenta en libertad tras pagar una garantía de 200 mil pesos.
En ese mismo expediente fue imputado Antonio Acosta, ex director administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, quien permanece bajo arresto domiciliario en Yucatán debido a un padecimiento crónico.
La ofensiva judicial contra el grupo político y financiero de Moreno se da tras años de confrontación con la Gobernadora morenista Layda Sansores, quien desde su programa «Martes del Jaguar» exhibió audios y propiedades del priista.
Las pesquisas derivaron en operativos como el cateo realizado en julio de 2022 a una residencia atribuida al ex Gobernador en la capital del estado por presunto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Moreno ha rechazado los señalamientos y sostiene que las acciones de la Fiscalía estatal forman parte de una persecución política en su contra.
