CIUDAD DE MÉXICO.
A dos años del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre, la justicia sólo ha alcanzado a particulares, señalaron los padres de Santi, uno de los 19 niños que, junto con siete adultos, murieron en el desastre.
Hasta ahora se han ejecutado dos órdenes de aprehensión, una contra Mónica García Villegas, dueña del colegio, y otra contra Mario Velarde Gámez, director Responsable de Obra, quien validó la seguridad estructural de las instalaciones de la escuela; sin embargo, los funcionarios que habían sido involucrados en este caso fueron absueltos.
Una semana después del derrumbe de la escuela, Claudia Sheinbaum, aún delegada de Tlalpan, presentó una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Guerrero López, director general Jurídico y de gobierno, y Alejandro Zepeda Rodríguez, director General Jurídico y de gobierno en 2010, así como contra la dueña del colegio, Miss Mónica, la única que lleva un proceso penal, pues fue detenida el 11 de mayo.
De acuerdo con información de la Fundación Barra Mexicana, uno de los bufetes de abogados que acompaña a algunos padres del colegio Rébsamen en su lucha por la justicia, un funcionario denunciado por Sheinbaum fue absuelto justo antes de que entrara en funciones la actual administración: Miguel Ángel Guerrero López.
Miguel Ángel Guerrero López, quien fuera Director General de Jurídico y Gobierno en la alcaldía de Tlalpan, el 12 de diciembre de 2014 ordenó el retiro de los sellos de clausura del colegio; hoy es secretario Técnico en la Comisión de Delitos cometidos por razones de Género en la Cámara de Diputados. Se determinó inexistencia de responsabilidad mediante resolución de 28 de febrero de 2018”, señala la defensa.
En entrevista con Excélsior, Fernando Flores y Verónica Mora, papás de Santi, aseguraron que no descansarán hasta que cada uno de los funcionarios involucrados sea sancionado.
Ellos tienen que dar la cara por haber quitado los sellos de clausura, por haber permitido el funcionamiento del colegio a pesar de las irregularidades, por no haber notificado las malas acciones que estaban ocurriendo. Son responsables, al menos, esperaría que tuvieran un poco de vergüenza y tuvieran el valor de retirarse de la administración pública”, reclamó Fernando.
Sin embargo, las omisiones no sólo estuvieron en la delegación Tlalpan, también en la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de verificar, al menos una vez al año las instalaciones, permisos y documentos relativos a la construcción.
Cada vez que Fernando y Verónica escuchan a las autoridades ministeriales pedirles paciencia, solamente sienten frustración y enojo.
Verónica, como mamá de Santi, y maestra de secundaria, aseguró que este dolor que le partió la vida por la mitad también es el mismo que la mantiene en pie de lucha.
La única forma que habrá para saber que todo este dolor tan grande valió la pena es exigiendo que no haya un Rébsamen más”, aseguró.
