La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto presuntos actos de corrupción y cantidades no justificadas de dinero en la pasada administración estatal encabezada por el gobernador César Duarte Jáquez, por una suma superior a 225 millones de pesos, que involucran a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Los auditores de la federación encontraron posible daño o perjuicio a la hacienda pública por la cantidad de 122.9 millones por pagos realizados a trabajadores no adscritos al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que es el dinero con el que se paga la nómina magisterial.
También encontraron irregularidades en licitaciones del sector salud, por la compra de medicamentos con sobreprecios y en adquisiciones no justificadas en material de curación y otros insumos, como la compra de algunas vacunas.
Asimismo hallaron procesos de licitación pública no apegados a la legalidad, según lo establecen documentos incluidos en una Auditoría Forense, que se refiere al uso de técnicas de investigación criminalística, con especialidad en finanzas.
En un documento se explica que tras la auditoría se podría acreditar actos proclives a sobornos, abuso del poder, uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación, entre otros.
“Con el pago de sobreprecios por la adquisición de medicamentos y materiales de curación de hasta 15 veces arriba del valor individual autorizado, el Gobierno del Estado de Chihuahua desvió recursos destinados a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo cual afectó directamente a las familias mexicanas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social y son protegidos bajo el esquema del Seguro Popular”, explica el informe.
Los rubros específicos de irregularidades en el sector salud se señalan en los siguientes pliegos:
15-A-08000-12-0719-06-002 por la cantidad de 6.2 millones de pesos.
15-A-08000-12-0719-06-003 por la cantidad de 32.2 millones de pesos.
15-A-08000-12-0719-06-004 por la cantidad de 3.8 millones de pesos.
15-A-08000-12-0719-06-005 por la cantidad de 3.2 millones de pesos.
15-A-08000-12-0719-06-006 por la cantidad de 48.8 millones de pesos.
15-A-08000-12-0719-06-007 por la cantidad de 8.7 millones de pesos.
Nota: El dictamen se presentó el pasado 25 de enero de 2017.
En el dictamen señala que no se cumplió con disposiciones legales y normativa aplicables en la materia en casos encontrados en el 2015.
Entre las empresa involucradas en estos casos se menciona a la compañía Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V., que habría cotizado precios de hasta 15 veces arriba de los lineamientos de adquisición.
Se compró material de curación y otros insumos a Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte, S.A. de C.V., lo que dio como resultado el pago sin que se justificaran que fueran para la prestación de servicios relacionados con lo instruido desde la federación.
Igualmente realizaron compras y pagos al amparo de contratos vencidos, cuya vigencia fue durante el ejercicio 2014 y suficiencia presupuestal 2014, no obstante se le pagó con recursos financieros del ejercicio 2015, con las empresas Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V. y Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V., a esta última con sobreprecios.
Uno de los ejemplos de sobreprecios se comprueba con la factura K-518, fechada el 8 de Junio de 2015 en donde se compra una medicina llamada Sertralina de 50 mg. Con 14 cápsulas a un precio de 149. 14 pesos por unidad, mientras que lo autorizado era de 8.93 pesos.
En la factura K-498, fechada el 3 de julio de 2015 se compra Olanzapina de 10 mg. De 14 tabletas a 848.56 pesos, mientras que lo autorizado era de 55.48 pesos. Y así se desglosan las demás facturas.
En lo relacionado con la Secretaría de Educación, en el punto ocho de la auditoría se determinó un posible daño o perjuicio a la hacienda pública por la cantidad de 14.2 millones de pesos y en el punto nueve por un monto de 108.7 millones más los intereses generados, en ambos casos por pagos a trabajadores no inscritos en el FONE.
Los datos antes mencionados podrían derivar en acciones administrativas y legales por parte del Gobierno Federal contra quienes resulten responsables en caso de determinarse los quebrantos a la ley.
