FEPADE, intervención de comunicaciones privadas

0
2

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca las atribuciones que le permitan “intervenir comunicaciones privadas” para detectar los recursos de procedencia ilícita que se emplean en las campañas electorales

 Con nuevas facultades se podrán establecer mejor los vínculos de ciertos actores políticos, el origen y destino del dinero sucio en las campañas, plantea la fiscalía. Javier Humberto Domínguez dijo en entrevista con el Periodico Excelsior que la Fepade está echando mano de todas las herramientas de investigación a su alcance y que la intervención permitirá establecer los vinculos de ciertos actores políticos y saber el orígen y destino de ese dinero.

«La Fepade necesita facultades como la intervención telefónica para castigar con efectividad y rapidez el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas, a fin de comprobar los vínculos de los políticos con sus financiadores, alerta el director general adjunto de Averiguaciones Previas de esta Fiscalía.»

 

“El tema que para nosotros es de suma importancia es cuando estas aportaciones de dinero o en especie provienen de una fuente ilícita y a partir de esta hipótesis, podemos desprender una cantidad de supuestos: Que estos recursos de procedencia ilícita puedan provenir de la comisión de un delito de naturaleza ordinaria o común, o incluso derivadas de una actividad de un tipo de delincuencia mucho más grave.

“Puede ser la delincuencia organizada. Por eso, este tipo penal nosotros lo hemos equiparado como lavado de dinero, pero en materia electoral. Lavado de dinero que está castigado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que precisamente tipifica la recepción, el uso y la utilización de este tipo de recursos, cuando provienen de una actividad ilícita”, explica Javier Humberto Domínguez Aguilar.

Detalla que este tipo penal “es equiparable en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en virtud de que la utilización de estos recursos también tienen esa similitud de provenir de una actividad ilícita, aunque en este caso con la particularidad de que el destino, la utilización o la recepción de esos recursos tienen que ser a cargo de un candidato, un precandidato o un candidato de un partido, o una coalición política.

“Así, lo podemos equiparar con el delito de lavado de dinero, pero en materia electoral”, precisa.