La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, anunció el inicio de una campaña de información “por la vida y la familia”, después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto a diversos artículos del Código Penal del Estado que penalizan el aborto voluntario.
Así lo confirmó la presidenta del órgano partidista, Daniela Álvarez Hernández, quien agregó que militantes con chalecos azules recorrerán las calles para entregar volantes informativos a la comunidad en general, como estrategia por tierra que tiene por objetivo evidenciar la agenda de muerte que dijo, Morena pretende imponer en el estado.
“Es una información que los chihuahuenses deben conocer con toda claridad”, dijo Álvarez Hernández, acompañada por la totalidad de diputados de la bancada panista en el Congreso local, así como del secretario general del PAN, Rafael Jaime, y de la diputada federal, Rocío González.
De acuerdo con el mensaje que realizó el Comité estatal ayer en sus instalaciones de la avenida Zarco, en la capital, la dirigencia blanquiazul colocará 40 carteleras con mensajes acusatorios a morena, las primeras en la avenida Cantera y Periférico de la Juventud, además de volanteo, redes sociales y otros recursos. La intención, reiteró, es dar a conocer a la sociedad que Morena promueve el asesinato de bebés desde el vientre de su madre hasta los nueve meses.
La diputada Xóchitl Conteras, representante del Distrito V de Juárez, mencionó que trabajarán para formar redes de apoyo a las mujeres embarazadas, con el fin de evitar que en impulsos desesperados emanados por alguna situación adversa, recurran al recurso del aborto. El diputado Carlos Olson San Vicente dijo no estar de acuerdo con la despenalización del aborto y acto seguido llamó al abordaje del fenómeno abortivo, con la visión de las mujeres como víctimas. Las diputadas federal, Rocío González y la estatal, Yesenia Reyes, respaldaron las posturas del Comité Estatal, mientras que el coordinador panista en el Poder Legislativo local, Alfredo Chávez, tomó la palabra para afirmar que el albiazul no criminaliza el aborto y prueba de ello es que en Chihuahua no hay una sola carpeta de investigación abierta contra mujeres por dicho delito, pero sí cuatro contra hombres acusados de provocar el aborto de sus víctimas mediante la violencia.
Una modificación a las leyes federales de 2023, que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligaría al Congreso de Chihuahua a modificar el Código Penal estatal para despenalizar el aborto.
La diputada federal, González Alonso, informó también que desde el Congreso de la Unión trabajan para revivir e impulsar la Ley Mya, que busca proteger a las mujeres de la violencia de hombres cuando se trate de agresores menores de edad. Olson San Vicente, portando un pañuelo azul como la totalidad de los diputados y dirigentes, dijo que este tipo de leyes incentivan la práctica de abortos de acuerdo con las estadísticas y desestimó que en la realidad combatan la aparición de la práctica clandestina de los mismos, asegurando que no se trata de una postura religiosa sino científica, el considerar un ser humano al feto desde su concepción.
El pasado 30 de enero, el pleno de la SCJN aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad, solicitada por la Primera Sala, respecto a diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto.
La solicitud derivó del amparo en revisión 666/2023 resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 por una mayoría de cuatro votos, en la que los ministros determinaron que los artículos 143, párrafos primero y segundo y 145 del Código Penal del Estado de Chihuahua son inconstitucionales porque vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con los que se les reconoce el control de su salud y su cuerpo, con inclusión de su libertad sexual.
De igual forma, el amparo resuelto por la Primera Sala hace referencia a la obligación que tiene el Estado Mexicano de reconocer, proteger y dar cumplimiento al derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes, brindándoles las mejores medidas para su plena realización.
Por otra parte, determinó que resulta inconstitucional el artículo 146, fracción primera, el cual prevé excusas absolutorias pero que sigue calificando como delito el actuar de la mujer y personas gestantes, aun cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como ocurre en el caso de la violación o la inseminación artificial no autorizada.
Es decir, su inconstitucionalidad radica en que criminaliza a la mujer, pero no castiga la conducta, lo que coadyuva negativamente al derecho de decisión. No obstante, la resolución de la Corte no excluye del Código Penal el aborto como delito cuando es realizado de manera forzada y sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, lo cual está previsto en el párrafo tercero del artículo 143, que establece: “Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Si es mediate violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión”.
