El tema de la corrupción quedó instalado en el centro del debate presidencial, ahí lo puso ayer José Antonio Meade, aprovechando la fragilidad de su competidor inmediato, Ricardo Anaya, y la falta de historial crediticio de López Obrador.
A Ricardo Anaya le dijo que “si tomó malas decisiones que las asuma. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón”. Hizo recordar el que “sea hombrecito” de Santiago Creel a López Obrador, cuando los intentos por desaforarlo previo a la elección del 2006.
Las campañas toman color, Meade también tuvo para López Obrador, al que llamó “fantasma fiscal”, pues durante 15 años ha vivido sin historial crediticio, sin cuentas, sin posibilidad de acreditar nada.
Son comentarios que incomodan por la verdad contenida en ellos. México está frente a un candidato sobre quien pesan sospechas de corrupto y otro que jamás ha pagado impuestos y no se sabe de bien a bien cómo y de qué ha vivido, pues tampoco trabaja.
Usualmente ajeno a todo comentario en su contra, sintiéndose protegido por las preferencias electorales a su favor, López Obrador suele dejarlos pasar o responder con graciozadas.
Sin embargo ésta vez se enganchó, desde Tijuana aseguró que ha pagado los impuestos y que sus bienes son conocidos de todos, por eso tiene la conciencia tranquila. No hay registros de que trabaje ni tenga negocios ¿De qué paga impuestos?. Asegura que si.
Entró a un tema que lo incomoda, ahora le pedirán sus declaraciones fiscales ¿Ciertamente las tiene? Para el bien de su campaña bueno sería que si ¡Imagine a un candidato a la presidencia que no paga impuestos!. En Hacienda tienen esos datos muy claros, quizás por eso Meade los trajo a discusión.
El candidato del PRI logró por fin algo importante en su campaña; llevar a los adversarios al terreno que más le conviene; uno está acusado de lavador de dinero y el otro de fantasma fiscal. Las razones son claras, para contrastarlos habla de corrupción.
Un grupo de intelectuales y periodistas, algunos muy respetados y otros… otros que también firmaron, piden a Peña Nieto que proceda legalmente contra Ricardo Anaya, en caso de tener pruebas irrefutables, o de lo contrario no use a la PGR como instrumento político.
Bien presentado el punto, si consigue pruebas para demostrar el lavado de dinero del candidato presidencial del PAN, la PGR debería solicitar a un juez que ordene su detención. Esto sería lo correcto en cualquier democracia, aún en una de “instituciones débiles”, como la interpretan los firmantes de la petición a Peña.
Dejar el tema en los medios demostraría que la PGR actúa como brazo ejecutor del PRI, intentando bajarlo del segundo lugar. Para efectos de opinión pública hay motivos suficientes de sospecha en las operaciones inmobiliarias de Anaya ¿Pueden probar el delito ante el juez? Es lo que cuenta, consignen ahora y déjenlo en paz.
Peña respondió diciendo que no se meterá en las campañas, pero no dijo nada sobre si tampoco lo haría la PGR ¿Más, dirán los panistas? Si está metida hasta los codos.
Julio César Jiménez Castro, el más florero de todos los magistrados floreros, está desquitando la deferencia que le hizo el Nuevo Amanecer al nombrarlo presidente del Tribunal.
Probablemente recordando sus épocas de abogado, le dio por chicanear la solicitud presentada por un juez federal para que le sea entregado el expediente de la “coneja productiva”, pepita de Corral en los Maxijuicios de la corrupción.
Nada, dijo Jiménez Castro, la coneja se queda en el fuero local y si quieren el expediente pídanlo con un oficio menos escueto, es más presenten las argumentaciones del juez federal para radicarlo allá y de pasada una grabación donde dicta la petición.
En lo que entregan toda la documentación y luego que se inconforme el juez estatal, después que resuelva la Corte a quién le asiste la razón, la “coneja” puede pasar los tres años y medio que faltan a la administración de Corral. Por ese camino no és.
Florero, florero pero bien que sabe chicanear, además no tenía otra alternativa, decide entregar a la perlita por las buenas y la señora Castro lo destituye sin mediar notificación. Todos en el Tribunal, incluido el Presidente, caminan al son de doña Lucha.
Un dato interesante es que Hacienda sólo entregó la mitad del dinero pactado en los famosos acuerdos de gobernación, 450 millones de pesos. Los otros quedan a la espera de que “la coneja” sea entregado a la justicia federal. No deberían estar asociados, pero ya sabe usted, así es la relación entre niveles de gobierno.
O peor tantito, con los casi cinco mil millones de pesos subejercidos en el 2007, bien podría darse el caso de que se cobren a la china, pues hay otro elemento nuevo en el juego; el desafío lanzado por Anaya a la PGR.
Lo dicho, en éste país no hay tema importante que se resuelva en los tribunales, todos quedan sujetos a la negociación política entre los empoderados.
Que les costaba actuar con un mínimo sentido de estado, si cuando se lo proponen suelen resolver los problemas, sólo que no se percatan a tiempo de su existencia y reaccionan hasta que llegaron a la plaza o las casetas.
Se notó la mano de César Jáuregui en la solución a la crisis de la UPN, pero Victoria Chavira sigue siendo parte del problema, de modo que la semilla de la discordia quedó plantada para futuros eventos..
Falta conocer la letra chiquita del acuerdo, quizás tenga que ver con garantizar el salario al depuesto Limón y prerrogativas al movimiento estudiantil, falta información en torno al acuerdo, pues a simple vista da la impresión de que los alumnos no consiguieron nada y Chavira sigue tan campante en le rectoría. Es decir que la movilización fue en vano ¿lo fue? No hay claridad del resultado.
Como sea, mientras menos manifestaciones estén en las calles será mejor para Chihuahua y en consecuencia para el gobierno de Corral. Un pendiente menos, por ahora, pues la paz firmada luce frágil.
No se debe olvidar que hubo acusaciones de desvíos contra la rectora Victoria Chavira ¿Quedarán en eso, en expresiones al calor de la crisis? Ojalá que no, están obligados a realizar una auditoria, pero no esas que hace la señora Olmos cuando se trata de funcionarios actuales, sino una que llegue hasta el fondo.
